Parece que finalmente nuestros próceres han puesto parte de su empeño en abrir el debate sobre la inconveniencia de que el turismo, como sector que da soporte a más del 40% del PIB del archipiélago, pueda morir de éxito en nuestras Islas, focalizando este diagnóstico en lo que han venido a denominar sobrecarga turística.
Bien está que se abra el debate y se transparente el proceso que se va a seguir, empezando por la recopilación de la necesaria información que evite que las percepciones subjetivas se acaben imponiendo sobre la realidad de las cosas. Dato mata relato, dicen; y sin una información que sea impecable desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, se manosearán desde las inmovilidades respectivas argumentos y posiciones ya predeterminadas (y polarizadas), que impedirán un escaso o nulo avance.
Para empezar, debiera ponerse sobre la mesa, cuál ha sido la evolución de la población residente. Según el INE esta se ha incrementado en este último cuarto de siglo casi un 42%, a un ritmo promedio de incremento de un 1,5% anual. Este crecimiento se produce mayoritariamente por la vía de la inmigración, ya sea buscando un desarrollo laboral, una mejor calidad de vida o la combinación de ambos. Este aumento me temo que no ha venido acompañado de la necesaria adecuación de las inversiones en infraestructuras, equipamientos y dotaciones públicas que lo atiendan de forma ordenada.
Por poner solo dos ejemplos: los colapsos de tráfico en la vía de Cintura de Palma o en las entradas a nuestra capital son constantes. ¿Todo esto es solo achacable a la actividad turística? Tengo mis dudas, pero lo que parece evidente es que si a unas infraestructuras ya tensionadas, se suma de forma estacional una mayor presión, el colapso se multiplica exponencialmente. Y he puesto el ejemplo de las infraestructuras viarias, pero lo mismo podríamos hablar de la dotación de suelo para residencial, o las infraestructuras de abastecimiento y depuración de agua potable, alcantarillado y reutilización del agua, mejoras en el alcance de la red y eficiencia del transporte público o, por cierto, inversiones para la mejora de eficiencia o productividad de nuestras administraciones… Supongo que no hay quien haya aún conectado el «atasco» en nuestros juzgados y tribunales con la actividad turística, pero tiempo al tiempo, que los hay con mucha imaginación.
Y no será por datos que no nos ayuden a entender lo que está sucediendo. Por ejemplo, el Instituto Balear de Estadística lleva años calculando el índice de presión humana que permite estimar la población presente, contabilizando las entradas y salidas diarias de personas por puertos y aeropuertos y recogiendo la carga demográfica real que soporta a diario cada una de las islas y toda la información que de ahí deriva. ¿Qué integración estamos haciendo de toda esa información para ordenar y optimizar la actividad económica de las Islas?
También el Govern y los Consells han demostrado poseer datos sobre la distorsión existente en el mercado de la vivienda que implica el alquiler turístico ilegal. Nueve inmuebles de cada diez dedicados al alquiler vacacional se comercializan sin licencia. A bote pronto la propia administración calcula que esta actividad irregular, se extendería a unos 235.000 pisos y casas de las islas. Y ello sobre un volumen total de viviendas familiares en Balears de 652.123. Tremendo. ¿Se deben reducir las plazas legales? Puede, y el Consell de Mallorca ha anunciado que así lo va a hacer, pero reducir las legales sin poner coto a las ilegales, es intentar tapar el sol con un dedo.
Toca pues aplicar a rajatabla la normativa existente, mientras se hincan los codos, analizan los datos reales y concretos y se abre el debate sobre síntomas y propuestas de solución, antes que lanzarse a parchear de forma puntual, añadiendo más normativa coyuntural a una sobrerregulación ya difícil de abarcar. De no hacerlo así, lamentaremos el tiro que nos vamos a pegar en el pie.