De siempre, he oído hablar de la necesidad de diversificar la economía balear. Se lo he escuchado a políticos, a académicos, a periodistas, a tertulianos opinadores y a empresarios de todos los sectores. Sin embargo, todos los manuales introductorios de la materia incluyen, en sus primeros capítulos, las enseñanzas de Adam Smith y David Ricardo acerca de cómo es el comercio y, por tanto, la consecuente especialización, local, nacional o internacional, la que permite superar la secular escasez que ha acompañado a los pueblos. Dicho en otras palabras, sin especialización no hay prosperidad.
La aparente contradicción seguramente se debe a que los diversificadores buscan la seguridad por aquello de «no poner todos los huevos en la misma canasta». Es decir, que están dispuestos a sacrificar parte de la riqueza en aras de una economía más segura. Hacer algo así como suscribir una póliza, aunque ésta sea de precio y cobertura desconocidos.
En cualquier caso, puestos a diversificar personalmente considero que sería más interesante hacerlo con el poder político. Pues, nuestro modelo institucional-electoral tiende a la concentración del mismo, casi exclusivamente, en las manos del líder del partido que elabora las listas electorales.
Efectivamente, tal poder asegura que el resto de cuadros dirigentes le sigan, en casi todo ciegamente, sin cuestionarlo. Es más, si hay quien lo hace, simplemente «no sale en la foto», tal como nos ilustró, en los albores de nuestra democracia, el entonces vicepresidente Alfonso Guerra.
Tal concentración de poder es un auténtico hándicap para la actividad económica. Pues convierte la acción gubernativa en un terreno abonado para que las empresas prefieran dedicar sus recursos a realizar labores de lobby, en vez de innovar desarrollando nuevos productos y procesos. Pues ciertamente, la misión más relevante de los capitanes de empresa es zafarse de la competencia que les mantiene con los nervios y músculos permanentemente en tensión.
Para realizar esa esencial tarea se pueden seguir dos caminos, uno de ellos -sin duda más beneficioso para el conjunto de la sociedad- es que dediquen sus desvelos al desarrollo de novedosas y mejores mercancías; controlando los costes de producirlas, para poder ofrecerlas al mejor precio y obtener una ventaja sobre los competidores. Alternativamente, el otro camino es el dedicar sus esfuerzos a presionar, o convencer, al poder político para obtener alguna prebenda, o regulación, que ponga coto a la molesta competencia. Por supuesto este segundo camino solo beneficia a los implicados.
Lógicamente, si el poder está concentrado en una o pocas personas, la acción lobista se abarata, por lo que será la opción preferida por muchos dirigentes empresariales. Por contra, sí las listas electorales fueran más abiertas, se diversificaría la tipología de los representantes públicos, con lo que el «precio» de la acción lobista se incrementa, o lo que es lo mismo, se abarata relativamente la beneficiosa innovación empresarial.