La contestación social contra la masificación turística está derivando en protesta contra la situación -dramática- de la vivienda, inaccesible ya en casi todo el país para personas con salarios medios, (como lo acredita la dificultad de encontrar un simple estudio en Palma por menos de 600€). Ambos, (masificación y crisis de vivienda), son problemas complejos y necesitados de un amplio consenso social y colaboración público-privada, pero en lugar de ello, hoy asistimos a una nueva oleada de demagogia de los que buscan polarizar la sociedad, (incluyendo a algún Medio de Comunicación local de 4ª división) utilizando el «cuanto peor, mejor» para atacar al político de turno, o por supuesto, a los hoteleros, objeto preferido de sus ataques.
Para ambos problemas, sobreturismo y falta de accesibilidad a una vivienda digna, existe un factor clave para su agravamiento: la proliferación sin control de la oferta de pisos de alquiler turístico, legal e ilegal. No es que en nuestra década haya menos viviendas que en la anterior, sino que simplemente, no están disponibles para los residentes porque son más rentables si se utilizan como apartamentos turísticos, aunque en muchos casos no respeten la ordenación existente, o ni siquiera tengan licencia de Actividad Económica (engrosando la economía sumergida). Tampoco es el crecimiento de plazas hoteleras (+0,8% este verano en España), el que satura nuestras ciudades y sobrecarga nuestros recursos, sino el desbordante incremento de plazas de alquiler vacacional (+15% en el mismo periodo).
Sin embargo, el ruido –posiblemente interesado- de unos cuantos no debe impedirnos diagnosticar el problema, como paso primero para ponerle solución; es cierto que en destinos como Barcelona o Palma se han adoptado medidas para regularla, pero las dificultades técnicas o la en ocasiones escasa valentía política para su aplicación abonan el camino a una oferta ilegal que no deja de crecer, tensionando aún más, al mismo tiempo, el necesario equilibrio entre turistas y residentes, y el mercado de la vivienda. Si toda la oferta ilegal de alquiler turístico en las Islas volviera al mercado convencional, el impacto positivo sobre la oferta de viviendas y por consiguiente sus precios sería determinante, y por ello, aunque no es lo único, perseguir toda la oferta ilegal es lo primero y más importante que debemos hacer para solucionar los desequilibrios.
Estos datos se oponen a los «relatos» de trazo grueso que dibujan a los hoteleros, (que pagamos impuestos, generamos empleo, invertimos en mejorar el nivel de turismo que nos visita y su derrama económica en los hoteles y fuera de ellos, y soportamos la pérdida de competitividad que nos imponen las ecotasas), como los culpables de la creciente masificación y pérdida de calidad de vida de los residentes. Relatos que solo contribuyen a la confusión y la polarización, y que desde la Mesa por la Sostenibilidad debemos sustituir por un análisis serio, honesto y valiente, que huya de medidas como la subida de la ecotasa, que al margen de su ineficacia acreditada para reducir la masificación, detraería de nuestros turistas un dinero que de otra forma, revertiría en el tejido económico local. Como indica la ciencia económica, el importe que se propone recaudar con la ecotasa incrementada tendría mucho mayor impacto redistributivo y multiplicador en la economía local si los turistas pudieran destinarlo al comercio de proximidad, a la restauración, ocio y cultura de los destinos, antes que destinarlo (en su gran mayoría) a sufragar el déficit de nuestras Administraciones.