El alcalde de Palma, Jaime Martínez, fue el encargado de clausurar la jornada, en la que destacó en las políticas que están llevando a cabo desde el Ajuntament para poder paliar la crisis habitacional. Martínez defendió que «la vivienda se ha convertido en los últimos años en uno de las mayores preocupaciones de los ciudadanos y en uno de los grandes retos de nuestra política, tanto económica como territorial». Además, remarcó que «faltan viviendas y sobre todo viviendas a un precio asequible», a lo que añadió que «es un problema que pone en riesgo las expectativas de las futuras generaciones si no se consigue encontrar soluciones adecuadas».
El alcalde puso sobre la mesa todas las medidas que han ido implantando durante el inicio de la legislatura para dinamizar y diversificar el sector. También recordó que Palma ha crecido en los últimos años y «en estos momentos somos aproximadamente 485.000 habitantes en la ciudad, la cual cosa nos convierte en la séptima ciudad de España con más habitantes». Desde el Ajuntament de Palma se ha puesto en marcha un plan de choque, en el que ya se ha iniciado la primera fase con un total de 300 viviendas en Camp Redó, Son Ferragut, entre otras localidades de Palma, como bien explicó el primer edil. «Todas estas viviendas se destinarán al alquiler a precio limitado, y de estas un mínimo del 30% serán para jóvenes de hasta 35 años, un mínimo del 10% para mayores y un mínimo del 10% a familias monoparentales». No obstante, la segunda fase del plan de choque se pondrá en marcha en los próximos meses. En esta se incorporarán 1.200 viviendas más en el marco de alquiler a precio asequible, por lo que «al final de la legislatura podríamos tener unas 2.000 viviendas iniciadas, que no resuelven el problema, pero que sí que lo enmarcan con el resto de medidas».
Otras de las medidas que destacó Martínez fue el Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda con el objetivo de «agilizar al máximo los trámites de desarrollo de proyectos urbanizables que tenían de media de 10 a 15 años para desarrollarse, ahora, el objetivo es que se pueda hacer en dos». Este año se han registrado dos proyectos de desarrollo de suelo urbanizable que «suponen más de 3.600 viviendas, de las cuales 2.000 son de precio asequible» y, también, hay otros tres proyectos en fase de información. Por otro lado, desde al Ajuntament también han puesto en marcha una oficina de antidesahucio que «hemos reconvertido en antiocupación para encarar uno de los problemas que también existen y que tenemos que solventar».
Otro elemento que desde el Ajuntament tienen en cuenta es el alquiler turístico ilegal, «queremos conseguir que esas viviendas que se están alquilando de manera ilegal lo puedan hacer en un mercado de larga duración y por tanto compensar parte de ese problema». A esta medida también añadió «la prohibición de la apertura de nuevos albergues y la puesta en marcha de mecanismos para intentar que todos aquellos albergues que operan como albergues juveniles, pero que en realidad se están comercializando como hoteles de baja calidad, también estarán prohibidos». El alcalde expuso que las medidas que han implantado en estos dos años «ya se están empezando a mostrar síntomas de receso en la actividad del alquiler turístico ilegal en Palma». Además, anunció otra serie de medidas como «la prohibición del alquiler turístico ilegal en todas sus modalidades y en todo el municipio de Palma. Nuestro objetivo es seguir trabajando a favor de la calidad». Martínez defendió que «nuestro objetivo es trabajar en contra de la oferta ilegal y avanzar para la regulación de cualquiera de las zonas turísticas y de la propia ciudad de Palma». Y, concluyó con que «sabemos que esto no se resolverá rápidamente, pero también sabemos que solo con el compromiso, liderazgo y colaboración institucional y empresarial, público o privada, podremos hacer frente con garantías a este reto de incrementar el parque de viviendas y dar respuesta a una de las mayores preocupaciones sociales y de los ciudadanos».