Absentismo. Creo que es el término que, de un tiempo a esta parte, más debate genera en cualquier reunión, tenga o no que ver con nuestro sector. Porque el absentismo no afecta solo al turismo, no señor. Parece evidente que tras la pandemia algo ha cambiado en nuestra sociedad y en la fuerza laboral en su conjunto. Algunos estudios lo achacan al cambio de prioridades en la población, a un incremento del estrés, bajas por problemas de salud mental... Otros a cambios de comportamiento en las empresas: precariedad, mayor exigencia con igual o menor retribución, alta rotación de personal... Este síndrome no solo afecta a las empresas, sino también, y de forma muy especial aunque velada, a nuestra administración. Algunos estudios indican que el sector público presenta niveles de absentismo más elevados que el privado tanto en lo referente a los porcentajes como en la duración media de sus bajas. Y eso con una plantilla pública más envejecida pero que goza, por qué vamos a negarlo, de una mayor protección contractual.
Por supuesto que, en su origen, la inmensa mayoría de las bajas están justificadas. Pero, aunque hay mucho de realidad, también sabemos que hay algo de picaresca entorno a este debate y, como siempre, corre el riesgo de que acaben pagando justos por pecadores. Estamos de acuerdo, imagino, en que el absentismo genera costes de sustitución, horas extra, ineficiencias y retrasos en la función de los departamentos, en los proyectos de las empresas. Si afecta a servicios públicos esenciales (sanidad, educación, limpieza o seguridad) impacta directamente no solo a la calidad de la atención, sino que pone en riesgo la prestación del servicio en sí. Y qué decir de su impacto en las pequeñas y medianas empresas; la ausencia de un solo empleado puede ser demoledora ante la imposibilidad de encontrar sobre la marcha una sustitución o, simplemente, no poder desarrollar su actividad cotidiana por esa sola falta.
Asociaciones, empresas y mutuas llevan publicando informes sobre el impacto empresarial y económico que deriva del absentismo: aumentos de gastos directos e indirectos, pérdida de productividad, disrupción en los flujos de trabajo, reducción de la eficiencia en los equipos, impacto en la comunicación interna, incremento de la desorganización... Mucho ruido, sí, pero, a lo que se percibe, escasas soluciones efectivas. Me evidenciaba un alcalde de un municipio canario que tenía más de un 30 por ciento de su plantilla de baja y que nadie parecía estar interesado en ponerle el cascabel al gato. «Son muchos votos, Juan Ignacio, solo en la administración hay cuatro millones de funcionarios. Haz el cálculo de lo que esto representa en número de votos, si es que alguien quiere poner orden». A ver si al final va a ser por eso…
Pero, ¿y qué decir de quienes siguen acudiendo a sus puestos de trabajo? Estos asumen más carga, y, en muchos casos y a pesar de su compromiso, lo hacen con una sensación de injusticia. En el medio plazo, es evidente que esto no puede traer nada bueno: agotamiento, tensiones, deterioro del ambiente laboral y más que posible germen de futuras nuevas ausencias. Está claro que las administraciones, las asociaciones y empresas deben tomar medidas, pero ¿y los propios trabajadores y sus representantes? Lo del «date de baja, que ya hago yo lo tuyo», está claro que no es la solución.