El crecimiento demográfico global es una realidad ineludible. Si hace 75 años el planeta albergaba a 2.000 millones de personas, hoy superamos los 8.000 millones. A este aumento exponencial se suma una escalada en la demanda de todo tipo de recursos unido a un consumismo desenfrenado de bienes y servicios, y una demanda energética masiva, intensificada por la explosión tecnológica de la Inteligencia Artificial; todo ello, unido a que vivimos en unas islas con un territorio reducido de una belleza natural asombrosa, nos convierte en un objetivo de inversión internacional.
Esta demanda global y la escasez crítica de suelo han provocado una crisis de vivienda con efectos terroríficos. Necesitamos retener y atraer a personal esencial para sostener nuestra sociedad: médicos para la sanidad, fuerzas de seguridad para la protección, funcionarios para la administración, ingenieros y personal cualificado para nuestras empresas. El problema reside en que nuestros salarios medios en España son bajos, lo que otorga a los no residentes extranjeros un nivel adquisitivo muy superior, facilitando la compra de viviendas para sus vacaciones o como inversión. Este ciclo económico y social está expulsando a nuestros trabajadores y poniendo en riesgo la calidad y la continuidad de los servicios básicos.
La inacción ya no es una opción viable. Las leyes que rigen en Europa no contemplan la diferenciación fundamental entre un vasto territorio continental y un archipiélago con una capacidad de carga limitada. Esta indiferencia legislativa permite que la especulación inmobiliaria descontrolada comprometa directamente nuestra capacidad de subsistencia. Como sociedad, debemos exigir una respuesta política valiente y buscar soluciones audaces que pongan al residente en el centro.
Es crucial priorizar la vivienda para los residentes permanentes. Una medida fundamental sería restringir la compra de propiedades a quienes no puedan demostrar una residencia efectiva, lo que inevitablemente obliga a impulsar un cambio en las normativas europeas. ¡Pues hagámoslo! Los tiempos han cambiado, y los problemas territoriales requieren soluciones adaptadas. Debemos ir a Europa y solicitar un trato diferenciado para las islas; el avance de Malta hacia modelos similares demuestra la viabilidad de esta vía. Los no residentes deben optar como únicas opciones por el alquiler o por nuestro magnífico sector hotelero; las viviendas son, ante todo, un derecho para quienes mantienen viva la isla.
Además de la restricción en la compra, es vital incentivar el mercado de alquiler a través de la protección legal de la propiedad privada. Es necesario modificar las leyes para eliminar el miedo de los propietarios ante impagos u ocupaciones ilegales, agilizando procesos y restableciendo la seguridad jurídica. Esto aumentaría la oferta disponible para el residente a largo plazo. Otras acciones complementarias y urgentes incluyen cargar con impuestos disuasorios las viviendas vacías que permanezcan fuera del circuito de alquiler, y propiciar la rehabilitación activa de edificios y casas antiguas para reintroducir propiedades al mercado. Estas son las primeras medidas que se vislumbran como imprescindibles. Tenemos la obligación de esforzarnos por un futuro sostenible y equitativo para Balears, asumiendo nuestra limitación física y reformando nuestra legislación para asegurar que quienes trabajan y construyen este paraíso puedan, de verdad, llamarlo su hogar.