En muchas familias, y muy especialmente en las empresas familiares, es habitual que el dinero circule con naturalidad. Un hijo ayuda a su madre, un abuelo adelanta fondos a un nieto, un préstamo se devuelve o se perdona sin demasiadas formalidades. El problema surge cuando Hacienda pregunta y la respuesta es solo: «era dinero de la familia». Un caso reciente, resuelto por el Tribunal Supremo, ilustra bien este riesgo. Una madre recibió diversas transferencias de su hijo y de sus nietos. La familia sostuvo que se trataba de donaciones y de un préstamo familiar posteriormente condonado. La Agencia Tributaria, al comprobar que esos ingresos no cuadraban con las rentas declaradas, los calificó como ganancias patrimoniales no justificadas, con la correspondiente liquidación y sanción. El conflicto acabó en el Supremo.
El problema de fondo: la informalidad familiar
En el ámbito familiar se tiende a confiar en acuerdos verbales y en la buena fe. «Ya sabemos lo que es», «no hace falta firmar nada», «entre nosotros no pasa nada». Esta lógica, perfectamente comprensible en lo personal, choca frontalmente con la lógica fiscal. Cuando aparecen incrementos de patrimonio que no encajan con las rentas declaradas, la ley presume que existe renta oculta. Y en ese escenario, la carga de la prueba recae en el contribuyente. No basta con explicar que el dinero viene de un familiar cercano: hay que demostrarlo de forma jurídicamente sólida.
La clave que aclara el Supremo: el porqué del dinero
La sentencia del Tribunal Supremo es clara y muy práctica. Para evitar que una transferencia familiar sea tratada como ganancia patrimonial no justificada, el contribuyente debe acreditar tres elementos: de dónde procede el dinero, quién lo entrega y, sobre todo, por qué se entrega. Este tercer elemento es el que suele fallar. No basta con enseñar el extracto bancario ni con identificar al familiar que hizo la transferencia. Es imprescindible acreditar el negocio jurídico subyacente: si era una donación, un préstamo, una devolución de cantidades o cualquier otra causa lícita.
El Supremo también aclara algo relevante. No es obligatorio otorgar escritura pública para que exista una donación o un préstamo familiar. Pero que no sea obligatoria la escritura no significa que valga cualquier cosa. La prueba debe ser coherente, creíble y consistente. Documentos privados, justificantes bancarios y una trazabilidad clara pueden servir, siempre que encajen entre sí y no generen dudas razonables.
Consecuencias prácticas para familias y empresas familiares
Este tipo de conflictos no es excepcional. Es muy habitual en familias con patrimonio inmobiliario, empresas familiares o estructuras donde conviven varias generaciones. Las consecuencias pueden ser graves: regularizaciones importantes, sanciones elevadas y procedimientos largos que desgastan a la familia.
La enseñanza es clara. Primera recomendación: documentar siempre. Si hay una donación relevante o un préstamo familiar, debe quedar reflejado por escrito, fechado y firmado, aunque sea en documento privado. Segunda: coherencia. Movimientos encadenados, transferencias inmediatas entre varios familiares o cambios de versión suelen despertar sospechas. Y tercera: fiscalidad correcta. Las donaciones deben declararse en el impuesto correspondiente y los préstamos, aunque sean sin intereses, conviene documentarlos correctamente.
Conclusión: orden antes que problemas
Ayudar a un familiar no es un problema fiscal en sí mismo. El problema es no poder explicarlo cuando llega la inspección. En materia tributaria, la confianza familiar no sustituye a la prueba.
Un mínimo de orden, previsión y documentación evita conflictos, sanciones y litigios innecesarios. En la empresa familiar, como en el patrimonio familiar, prevenir siempre es mucho más rentable que litigar cuando ya es tarde.