Cuando una pequeña tienda cierra, no desaparece solo un negocio, desaparece un servicio urbano que nadie había contabilizado. Durante años la defensa del comercio se ha centrado únicamente en términos de lucha entre lo grande y lo pequeño, entre Goliat y David. Sólo de forma muy colateral se menciona que el pequeño comercio genera beneficios colectivos —externalidades positivas— que el mercado no remunera y que, paradójicamente, el sistema fiscal penaliza. Por lo que es sobre este aspecto sobre el que se tendrían que centrar las reclamaciones.
La tienda de barrio ilumina la calle, incrementa el tránsito peatonal y reduce la percepción de inseguridad. Favorece la movilidad a pie, disminuye desplazamientos en vehículo privado hacia centros comerciales periféricos y, por tanto, contribuye a la reducción de emisiones. Facilita la vida cotidiana de mayores y personas con movilidad reducida, sostiene redes vecinales y actúa como punto informal de información social. Nada de eso figura en su cuenta de resultados, pero sí en la calidad de vida urbana.
Además, asume un sobrecoste estructural al almacenar mercancía en suelo de alto valor. A diferencia de las plataformas logísticas situadas en áreas baratas, el pequeño comercio integra almacenamiento y venta en el corazón de la ciudad y barrios. Ese mismo factor —estar donde la ciudad es más valiosa— es precisamente el que genera las externalidades positivas descritas. Pero el sistema tributario opera al revés, pues cuanto mayor es el valor urbano que aporta, mayor es la carga fiscal que soporta. Éste, seguramente, es uno de los motivos por los cuales las tiendas franquiciadas son las que desplazan a las tradicionales.
El resultado es una incoherencia económica evidente. Actividades que producen costes colectivos —tráfico, contaminación, dispersión urbana— disfrutan de estructuras tributarias neutras o incluso favorables, mientras que las que generan beneficios públicos soportan impuestos vinculados al valor del suelo, tasas de residuos, licencias y cargas administrativas. No tiene sentido pensar en tributaciones del tipo «quien contamina paga» sin solventar esta cuestión. No se trata de subvencionar ni de proteger artificialmente a nadie. Se trata de aplicar un principio elemental de eficiencia: no gravar aquello que produce beneficios sociales no remunerados. La contención —e incluso reducción— de tributos municipales para pequeños comercios debería entenderse como una corrección de mercado, no como un privilegio.
Bonificaciones en el IBI comercial de pequeño tamaño, tasas de basura y agua adaptadas al volumen real de actividad, licencias de actividad, simplificación normativa y estabilidad regulatoria permitirían equilibrar un terreno de juego inclinado. Probablemente no compensarían totalmente las ventajas logísticas de los grandes operadores, pero reconocerían que la ciudad obtiene un rendimiento colectivo de cada persiana abierta. Si aspiramos a urbes habitables, policéntricas, compactas y seguras, debemos dejar de considerar al pequeño comercio únicamente como contribuyente y empezar a verlo como infraestructura urbana. Porque, en realidad, cada tienda de barrio no ocupa espacio en la ciudad, sino que la sostiene.