Peter Germann, de profesión arquitecto, representa a la promotora Domus Vivendi en Balears junto a su compañero Alexander Beulich. Defiende con vehemencia la apuesta de Domus Vivendi por la sostenibilidad y explica que el respeto por el medio ambiente forma parte del ADN de la empresa.
¿Qué papel juega hoy la sostenibilidad en la construcción? ¿Cómo se conjuga construcción y sostenibilidad?
Para Domus Vivendi, la sostenibilidad no es una tendencia decorativa ni una etiqueta de marketing, sino una de las columnas principales de cada uno de sus proyectos. Nuestra empresa ha integrado el respeto por el medio ambiente en su ADN, transformando la construcción responsable en un pilar estratégico que abarca todo el ciclo de vida del edificio: desde el primer trazo en el plano hasta su futura demolición. Este compromiso se traduce en hechos tangibles. Al optimizar recursos y apostar por materiales ecológicos, Domus Vivendi logra conjugar la arquitectura de vanguardia con los acentos locales de cada ubicación. Para nosotros, construir de forma sostenible es, por encima de todo, una responsabilidad ineludible con el entorno y con quienes habitarán sus proyectos.
¿Aún queda suelo en Mallorca para grandes proyectos?
Si nos referimos al contexto urbanístico, se puede afirmar que sí queda suelo para crear proyectos de viviendas y que aún sigue siendo una necesidad por el déficit de vivienda existente. Las causas de este problema siguen siendo la falta de suelo, el crecimiento demográfico, además de cierta lentitud en trámites burocráticos administrativos. Se estima que a pesar de los nuevos proyectos en planificación o en marcha, existe una escasez de vivienda. Hay bolsas de suelo urbanizable.
¿Tiene solución el problema de la falta de vivienda en Balears?
Si observamos la situación en Balears, y ante la falta de solución clara al problema de escasez de vivienda, parece que este problema se ha cronificado en las Islas como en muchas otras ciudades españolas. Es una situación muy compleja y no solo en Balears, es estructural y a largo plazo. Al déficit acumulado de vivienda se añade el auge de la demanda y como otro elemento a considerar figura el crecimiento demográfico. No existe una «bala de plata». Se habla en diferentes comunidades autónomas de la necesidad de un ‘pacto de Estado’ respecto al problema acuciante de falta de acceso a la vivienda. La solución pasaría por una combinación de medidas urgentes y cambios estructurales, como pueden ser, por ejemplo, el aumento drástico de la oferta pública, no solo fomentar la construcción de vivienda nueva sino a la vez aprovechar la edificabilidad existente y construida mediante rehabilitación o cambios de uso; priorizar el acceso a la vivienda a quienes viven y trabajan aquí; poner coto al alquiler turístico ilegal y gestionar la alta demanda; ampliar ayudas directas, sobre todo para jóvenes, tanto para el alquiler como para la compra.
¿Cómo puede incentivarse a los propietarios que tiene viviendas vacías a alquilarlas?
Incentivar a los propietarios para que alquilen viviendas vacías en España implica una combinación de seguridad jurídica, beneficios fiscales y ayudas económicas para la rehabilitación. En la actualidad existen múltiples medidas que incluyen deducciones en el IRPF, seguros de impago garantizados por la administración y ayudas directas para obras de habitabilidad. Se puede incentivar con reducciones en el IRPF de las que los propietarios pueden beneficiarse, con deducciones autonómicas en el IRPF por alquilar viviendas que hayan estado vacías al menos un año en comunidades como Galicia o Madrid o con bonificaciones en el IBI mediante programas municipales. Se ofrecen garantías de seguridad para el propietario mediante seguros de impago y defensa jurídica que ofrecen las administraciones públicas, así como cobertura de daños por vandalismo para dar tranquilidad al propietario. También existen ayudas directas para la rehabilitación de viviendas para fomentar la entrada de viviendas antiguas en el mercado. Además de estos numerosos incentivos útiles y, en caso de que no surtan efecto, se podrán tomar medidas coercitivas de la mano de los ayuntamientos, que pueden aplicar un recargo de hasta el 150% en el IBI a las viviendas desocupadas durante más de dos años, especialmente a grandes tenedores, para forzar su salida al mercado.
¿Deben asumir las instituciones públicas el papel de propietarios para facilitar los alquileres?
El debate está servido. Las discusiones sobre si las instituciones públicas deben actuar como propietarios de viviendas para facilitar el alquiler es complejo y divide opiniones. Hay argumentos válidos a favor de que el sector público asuma un papel más importante de propietario, como el aumento de la oferta asequible, la corrección de los desequilibrios del mercado, mayores garantías de estabilidad o la recuperación de viviendas vacías. Igual que existen argumentos sólidos en contra, que alegan por experiencia los elevados costes y la falta de agilidad de los proyectos de construcción públicos, el deterioro en los parques de vivienda social por falta de mantenimiento y vigilancia o el riesgo de exclusión social por la creación de vivienda social en zonas específicas.