El pleno extraordinario del Parlament ha aprobado por unanimidad este martes el Proyecto de Ley del Sector Público Instrumental, con el que se pretende ejercer un mayor control de las empresas y organismos públicos para impedir la aparición de casos de corrupción, para lo que se potenciarán los controles de cara a que se produzcan abusos de poder o desvíos de fondos para intereses privados, a la vez que se mantiene la operatividad y agilidad de este sector.
Durante la sesión, se rechazaron cuatro enmiendas del PP que este partido mantenía, a pesar de haber alcanzado un acuerdo, durante el trámite parlamentario, en las 80 restantes presentadas por los partidos de la oposición. Las diferentes formaciones que intervinieron en el pleno hicieron hincapié en que se trata "no de la ley del Govern, sino del conjunto de fuerzas políticas baleares", ha señalado el socialista Josep Maria Costa.
No obstante, el portavoz de UM y miembro del Grupo Mixto, Josep Melià, ha destacado el "riesgo" de que se convierta a las empresas públicas en una "administración normal", restándoles, de esta forma, agilidad y ha reconocido tener un "gusto agridulce" porque, según él, se han introducido enmiendas que "crean dudas". No obstante, ha justificado su apoyo al Proyecto de Ley en que "políticamente era necesario el consenso".
El parlamentario del Bloc, Eduard Riudavets, ha subrayado que haber aprobado esta normativa no supone que vaya a ser imposible el derroche en el sector público -en el que ha tenido lugar la mayor parte de los presuntos casos de corrupción aparecidos durante esta legislatura- pero sí que será "más difícil". Además, ha incidido en que esta fórmula supondrá el establecimiento de controles que, hasta ahora, no existían, a la vez que "se mantiene la operatividad" en las empresas públicas.
Por parte del PP, José María Rodríguez, quien pidió al resto de partidos un "esfuerzo" para votar a favor de las enmiendas 'populares', ha criticado que el Govern de Francesc Antich es el primero que ha contado con consellers y presidentes de Consells imputados -en referencia a Miquel Nadal y Xico Tarrés-.
Ante esto, la mayor parte del resto de grupos, que no hicieron referencias explícitas a casos de presunta corrupción en concreto, han lamentado que Rodríguez dé "lecciones" sobre este tema. No obstante, como ha dicho Costa, "todos tenemos presentes los antecedentes" y sólo por estos "escándalos económicos y de corrupción" "vale la pena" contar con esta normativa.
Este Proyecto de Ley supone la actualización de la ley autonómica del sector público, que data de 1989, y tiene como principal objetivo regular todos los aspectos de su régimen jurídico para sistematizar y dar soluciones a los problemas de "huída" de los controles públicos.
Algunas de sus principales características de la nueva Ley son el control del gasto con sistemas comunes en todos los entes, limitar la desviación del gasto respecto los presupuestos aprobados, evitar la picaresca en la aplicación de la Ley de Contratos y fomentar la eficacia, eficiencia y transparencia en su gestión.
Otras de las novedades es que impone la autorización previa del Consell de Govern para las contrataciones a partir de determinadas cuantías, mientras que, por otro lado, condiciona el acceso a la deuda a corto plazo que se destine a financiar los desvíos presupuestarios.
Además, la nueva normativa impedirá el exceso de gasto respecto a los presupuestos aprobados y el Govern podrá acordar que los sistemas de información contable de los entes se integren en el sistema de información económico-financiera general de las islas.
Por otra parte, el Ejecutivo reglamentará el tipo de información que los entes tengan que suministrar a la Conselleria de Hacienda, de manera que aquellos que incumplan esta medida podrán ser sancionados. La Ley también crea los comités de auditoría, que estarán integrados por representantes de la intervención de la comunidad, así como por los auditores y los gestores de los entes, que realizarán un control continuo de las cuentas.