El abogado del ex presidente del Govern Jaume Matas, Antonio Alberca, ha pedido a la Audiencia Provincial de Palma que se declare incompetente al juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, para investigar su supuesto enriquecimiento patrimonial, teniendo en cuenta que la compraventa de sus viviendas se realizó con anterioridad a la construcción del velódromo.
En su escrito, el letrado señala que Castro considera que el supuesto enriquecimiento de Matas está "indisolublemente unidad" a las presuntas irregularidades detectadas en la construcción del Palma Arena, si bien recalca que el juez instructor "no puede buscar el dinero de la desviación presupuestaria ni en el apartamento de la Colonia San Jordi ni en el piso de Madrid, por la sencilla razón de que se trata de compraventas realizadas con anterioridad a la construcción del Velódromo".
Así, detalla que el apartamento de la Colonia de Sant Jordi se adquirió por la madre de Matas, Margarita Palou, en el año 2002, por lo que "está claro que esta adquisición nada tuvo que ver con la percepción de supuestas comisiones o sobornos con motivo de la construcción del Velódromo Palma Arena cuyas obras se iniciaron a mediados del año 2005".
Además, añade que "el piso de la calle Don Ramón de la Cruz de Madrid se apalabró por la esposa de Matas, Maite Areal, en el año 2003 y fue en dicho ejercicio cuando Don Bartolomé Reus, supuesto testaferro del ex presidente, se subrogó en la posición del matrimonio Matas-Areal en la operación de compraventa, es decir, bastante antes de que nadie pudiera ni siquiera pensar en construir el Velódromo".
En este sentido, el abogado recuerda que mediante providencia de 9 de septiembre de 2009, el juez acordó "judicializar" las diligencias informativas que la Fiscalía había iniciado el 20 de noviembre de 2008, con motivo de dos denuncias anónimas en las que se acusaba al ex presidente de haber acumulado un gran patrimonio inmobiliario en virtud de prácticas corruptas".
"Sin embargo, hay que destacar que los hechos denunciados en los referidos anónimos nada tenían que ver con el Palma Arena", señala, al tiempo que manifiesta que "el pretexto para judicializar la investigación de la Fiscalía fue que el enriquecimiento estaba directamente vinculado con las irregularidades detectadas en la construcción del Palma Arena".
En esta línea, estima que es "indiscutible" que la investigación patrimonial por el presunto enriquecimiento que Matas hubiera obtenido antes de la ejecución del Velódromo tenía que haberse hecho en virtud de una acción penal específica, promovida por la Fiscalía, cuya tramitación hubiera ido a reparto de los Juzgados de Palma". Por tanto, recalca que la decisión de Castro de atribuirse la investigación de dicho enriquecimiento fue "manifiestamente ilegal".
Además, añade que en lo que se refiere a la adquisición de los inmuebles de Colonia de Sant Jordi y Madrid, que en el supuesto de que las acusaciones del juez fueran ciertas y, en efecto, se confirmara que Matas es, en realidad, el verdadero propietario de ambos inmuebles, "la investigación no puede vincularse al Palma Arena, dado que la competencia sería de los Juzgados de Manacor respecto al apartamento de Colonia Sant Jordi y de los de Madrid, respecto al piso de la calle Ramón de la Cruz".
"En consecuencia, respecto a la investigación del supuesto delito de blanqueo de capitales y/o en su caso, delito fiscal, tanto por el enriquecimiento supuestamente ilícito obtenido con anterioridad a 2005, año en que se inició la construcción del Velódromo, como en el caso concreto de los inmuebles referidos cuya adquisición supuestamente fraudulenta se realizó también antes de dicha fecha, el instructor carece de competencia", concluye el abogado.
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LAS AUTORIDADES DE EEUU
Por otra parte, el letrado ha reclamado al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma la documentación solicitada por el juez Castro a las autoridades de EEUU sobre el supuesto enriquecimiento de Matas, incluyendo tanto el informe de la Guardia Civil remitido al Juzgado, como cualquier otra actuación llevada a cabo por la Fiscalía o el propio juez.
En esta línea, recuerda que es la cuarta ocasión en la que exige esta documentación, teniendo en cuenta que "está amparada en el artículo 234,2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo tendrán derecho a obtener copias simples de escritos y documentos que consten en los autos no declarados secretos ni reservados".
Asimismo, el abogado ha remitido otros dos escritos al mismo Juzgado, cuyo juez instructor es José Castro en los que pide, por un lado, el sobreimiento de Matas en una de las piezas separadas del caso Palma Arena, al "no haber tenido participación alguna en la adjudicación por parte de la Fundación Illesport de contratos a Jaime Navarro S.L., Construcciones Juan Marqués Ferrer S.L. y S'Orenger S.L. para el cerramiento de obra, derribo de cocheras y construcción de viales.
Mientras, el segundo escrito pide al Juzgado que se pronuncie expresamente sobre la "posible falta de imparcialidad" del juez Castro, después de que el pasado 3 de octubre, en los actos organizados por la Policía Nacional con motivo de la festividad de lso Angeles Custodios, el citado juez ingresó en la Orden del Mérito Policial tras haberle sido concedida por el Gobierno central la Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco.
Así, el letrado estima que la concesión de esta condecoración y su aceptación por parte de Castro supone la existencia de una "gran amistad del juez con los responsables policiales del Ministerio del Interior, que aunque no sean parte en términos estrictamente jurídicos, colaboran estechamente con una de las partes, como es el Ministerio Fiscal" a la hora de investigar a su defendido.