El anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, y hasta entonces estarán obligadas a ir reduciendo los actuales niveles de déficit y deuda para poder alcanzar dicha meta.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó ayer que se introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60 por ciento del PIB, al tiempo que todas las administraciones públicas deberán presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural desde entonces.
Este objetivo es mucho más estricto que el que pactaron este verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución para controlar el gasto público, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4 por ciento del PIB. Ahora, este déficit estructural del 0,4 por ciento sólo podrá registrarse en caso de que las administraciones estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales.
Además, todas las administraciones deberán aprobar un techo de gasto, similar al que ya aprueba la Administración Central, consistente con el objetivo de estabilidad, y el gasto público no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea.
En caso de incumplimiento del plan, la administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2 por ciento de su PIB nominal. La ley también señala que cada Administración deberá informar de sus presupuestos antes de aprobarlos.