El conseller de Turismo y Deportes, Carlos Delgado, ha subrayado, en relación a las contrataciones supuestamente irregulares de Radio Calvià que fueron adjudicadas bajo su mandato como alcalde del municipio mallorquín, que "se podría decir que yo malgastaba, pero eso no es lo mismo que malversar, y si no pueden comprobarlo en el Código Penal", ha espetado.
En la rueda de prensa que ha ofrecido para defender que los expedientes investigados por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma "siempre se adecuaron a la Ley" y bajo el control de los funcionarios competentes del Consistorio. Según ha manifestado, antes de llegar a la Alcaldía, el PSIB destinaba 323.000 euros anuales para la gestión de la emisora municipal, mientras que en su primera legislatura la cifra se redujo a 240.000 euros y en la segunda, a 143.000.
Así se ha pronunciado Delgado respecto a la querella interpuesta contra él por el Grupo Municipal del PSIB, en virtud de la cual la titular del Juzgado ha incoado diligencias ante la existencia de "sospechas racionales" de que en la preparación y desarrollo de los contratos "se habría utilizado torcidamente el Derecho con un fin ilícito", aseverando que los hechos revisten características "que permiten suponer" la comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.
Sin embargo, el conseller ha alegado que las contrataciones investigadas fueron otorgadas en base a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, todas ellas "mediante concurso y únicamente dos mediante negociado", por lo que ha recriminado que la querella ha sido "maliciosamente tergiversada". En esta línea, Delgado ha atribuido las acusaciones que pesan sobre él "a la maldad o a una ignorancia total".
"Lo que es evidente es que las licitaciones se han hecho por concurso", ha incidido el exalcalde 'calvianer', aseverando que "si hubiéramos querido favorecer a una determinada empresa, tan sólo hubiéramos convocado dos concursos para dos legislaturas". Así, ha expresado su "total tranquilidad porque la realidad es la que es".
En concreto, se ha referido a las dos contrataciones que fueron adjudicadas mediante un procedimiento negociado: una en 2009, que según ha apuntado no fue tramitada por concurso debido a que la Administración "no fue lo suficientemente diligente para tramitarla con la antelación debida". Según su argumento, la tramitación de un concurso tiene una duración aproximada de cuatro meses, por lo que hasta la siguiente convocatoria no había tiempo para tramitarlo como tal y el municipio no podía quedarse "sin radio" durante esos cuatro meses.
En cuanto al negociado de 2011, ha justificado que entonces faltaban seis meses para que finalizase la legislatura, por lo que la contratación se preparó mediante este procedimiento con una vigencia de medio año para que su conclusión coincidiese con el siguiente mandato.
SE ACOGERÁ AL CÓDIGO ÉTICO DEL PP EN CASO DE DECLARAR COMO IMPUTADO
El exprimer edil, quien ha recalcado que en caso de que tenga que declarar como imputado en el marco de esta nueva causa de presunta corrupción, se aplicará el código ético del PP, ha remarcado que no piensa "escurrir el bulto" ante la querella de los socialistas, porque, según ha indicado, no suele actuar así, al tiempo que ha insistido en negar cualquier tipo de irregularidad en las contrataciones de Radio Calvià.
En concreto, la querella fue interpuesta, junto a Delgado, contra su directora de comunicación, Maria José Merino; el actual alcalde del municipio, Manuel Onieva; su jefa de prensa y anteriormente adjudicataria de la gestión de la radio, Antonia Pastrana y el último adjudicatario Fernando López.
Es más, una sentencia dictada el pasado mes de octubre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma ya declaró nulo el decreto de Alcaldía por el que, el 26 de agosto de 2009, se adjudicaba a Pastrana el 'servicio para llevar a cabo la realización de los trabajos de producción y realización de la programación de Radio Calvià y la explotación de la publicidad en la emisora', por haberse tramitado "al margen de la legalidad".
En concreto, el servicio fue adjudicado por un total de 80.000 euros (68.965 más 11.034 de IVA) y, según el PSIB -también recurrente en aquel procedimiento- el expediente se realizó sin publicidad y por tramitación ordinaria, fundamentándose en un informe elaborado por María José Merino, "siendo la propia Administración la que ha querido que concurra sólo doña Antonia Pastrana, sin acreditar en modo alguno que sea el/la único/a empresario/a que pueda realizar la prestación".