El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha defendido que las declaraciones de todos los ciudadanos, incluida la de la Infanta Cristina, deben documentarse «exclusivamente» en un formato audiovisual digital como «máxima garantía procesal». Y ha destacado que son los fedatarios públicos los encargados de determinar el «uso, la forma y los medios» en los que se recogen los actos orales celebrados ante los jueces. «Y nadie más», ha añadido.
Para la asociación, carece de «cualquier soporte legal» que existan distinciones en el trato de cualquier ciudadano que acude a los tribunales, donde «todos son, o deberían ser, tratados con las mismas garantías, derechos y la máxima consideración».
El SISEJ ha indicado en un comunicado que la decisión de grabar únicamente en soporte sonoro la declaración de la Infanta se trata de una medida «muy poco frecuente en la práctica e inusual» en este tipo de procedimientos.
Ha recordado que la Administración de Justicia cuenta con equipos de grabación y reproducción audiovisual para aumentar las garantías procesales de los comparecientes ya que la grabación audiovisual «dota a las declaraciones y juicios de una garantía absoluta de lo manifestado en las mismas, frente a las declaraciones escritas, que jamás pueden reproducir con idéntica exactitud lo sucedido en estos actos».
Ahorro de medios
El SISEJ ha explicado que la grabación audiovisual hace innecesaria la presencia del secretario judicial en la Sala, que puede invertir ese tiempo desempeñando funciones de dirección procesal, y permite además reducir «toneladas» de recursos materiales. «La documentación de las vistas puede entregarse mediante un localizador, procediendo a su descarga mediante una simple lápiz USB», ha expuesto.
El sindicato ha aprovechado para recordar que la Ley Orgánica del Poder Judicial encarga a los fedatarios públicos el «ejercicio con exclusividad, plenitud e independencia de la fe pública judicial, garantizando la autenticidad e integridad de lo grabado cuando se utilicen medios técnicos». «La comodidad que para algunos tiene el formato papel no puede condenar una modernización imprescindible y cuyo camino está sembrado de este tipo de obstáculos», ha añadido.
Finalmente, ha emplazado al CGPJ, al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General del Estado, y a las Administraciones Autonómicas a implementar un plan urgente de formación básica en herramientas electrónicas y sistemas de reproducción de la imagen y el sonido para quienes, todavía, precisen de ellas a través de cursos o atención personalizada para adaptar los medios a los juzgados.