Balears es la comunidad que más ha reducido el volumen de su sector público entre 2011 y 2013, al registrar una disminución del 54,5 por ciento, al pasar de tener 181 entes dependientes de sus administraciones a un total de 82.
Según han informado fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Balears es la segunda comunidad que más entes ha eliminado, con un total de 99, solamente superada por Andalucía, que es la que más organismos ha dado de baja, con un total de 122 entes suprimidos.
Las medidas puestas en marcha por las Comunidades Autónomas entre 2011 y 2013 para racionalizar su sector público, mediante la extinción de entes dependientes de sus administraciones y la puesta en marcha de procesos de reestructuración, ha supuesto un ahorro de 4.042 millones de euros y una reducción total de 14.241 empleados.
Este ahorro es resultado, por un lado, de la supresión llevada a cabo por las Comunidades Autónomas de un total de 607 entes públicos desde 2010, y por otro, de las medidas adicionales desarrolladas para reordenar el sector y hacerlo más eficiente.
En cuanto a la reducción del sector público instrumental de la Comunidades mediante la extinción de entes, el ahorro estimado para el periodo entre 2011 y 2013 es de 1.753 millones de euros y una reducción de personal de 5.401 efectivos. Por su parte, las medidas de reestructuración suponen un ahorro de 2.289 millones de euros y 8.840 efectivos menos en la plantilla.
Reducción significativa
Estas cifras demuestran, según han explicado fuentes de Hacienda, que el esfuerzo que han realizado las Autonomías desde que en 2010 adquirieran los primeros compromisos de racionalizar sus administraciones ha sido hasta el momento «bastante significativo».
Según Hacienda, si cumplen el último objetivo fijado en 2012 de dar de baja un total de 751 entes públicos de los 2.365 que existían en julio de 2010 -lo que supone una reducción del 31,75%-, el volumen del sector público autonómico alcanzaría niveles inferiores a 2003. Es decir, éste quedaría reducido a 1.614 entes, frente a los 1.743 que existían en 2003, el primer año del que se conocen datos del inventario de los entes dependientes de las CCAA.
En este sentido, Hacienda considera que aunque es necesario que las Comunidades Autónomas sigan poniendo en marcha medidas de eficiencia, cada vez queda menos por hacer en lo que se refiere a la reducción de su sector público y los entes que dependen de él. No obstante, serán los informes relativos al segundo semestre de 2013 los que terminen de mostrar el estado de los procesos de racionalización y el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos.
De este modo, aunque el compromiso es reducir 751 entes, a 1 de julio de 2013 son 607 los que bien ya se han extinguido definitivamente o bien ya se encuentran inactivos pero inmersos en el proceso de tramitación administrativa necesario para ser dados de baja oficialmente.
Esfuerzo de reducción
Por Comunidades Autónomas, y teniendo en cuenta en número de entes extinguidos a 1 de julio de 2013, las que han realizado un mayor esfuerzo relativo, es decir, las que más organismos han eliminado teniendo en cuenta el volumen de su sector público, son Baleares, Castilla-La Mancha, Cantabria, Comunidad Valenciana y Andalucía.
Las que menor esfuerzo relativo han realizado para reducir su sector público han sido Asturias, que ha pasado de tener 84 entes en 2010 a tener 72 a 1 de julio de 2013 (una reducción de, 9,5%). Le siguen Aragón, con una reducción de su volumen del 11,7 (al eliminar 14 de sus 119 entes) y Extremadura, con una reducción del 12.6% (tras dar de baja 10 de los 79 que tenía).
No obstante, si se tiene en cuenta únicamente el número de entes eliminados por las Comunidades Autónomas desde 2010, las que menos entes han suprimido, según los datos recogidos en el informe sobre el sector público autonómico, son La Rioja, que ha eliminado 6, Asturias, con 8 y Extremadura, que ha dado de baja o prácticamente extinguido un total de 10.
No obstante, teniendo en cuenta el cumplimiento de los compromisos iniciales acordados en 2010 por las Comunidades Autónomas con el Estado, Castilla y León es la que con un 900% más ha cumplido con sus objetivos marcados, al reducir 18 frente a los 2 inicialmente pactado, seguida por Asturias, con un 800% de cumplimiento, y la Comunidad Valenciana, con un 229%.