Los juzgados y tribunales de Balears finalizaron 2013 con 68.990 asuntos pendientes, cifra que implica un descenso relevante del 10,1 % respecto al año anterior, aunque existe una prolongada demora en la resolución que alcanza el año y medio de plazo en asuntos contenciosos y sociales.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, Antonio Terrasa, ha destacado que haya 68.990 asuntos pendientes «cuando en 2010 quedaron más de 90.000», según ha recordado en la presentación a los medios la Memoria del TSJIB de 2013.
«Es un buen dato estadístico que convive con una situación de demora en la respuesta que es insatisfactoria porque el promedio de tardanza de asuntos en lo Civil es de más de 5 meses, en lo Penal tardamos menos de 3 meses y en lo Contencioso-administrativo y Social más de un año y 6 meses», ha resumido.
Ese plazo ha mejorado en Civil (en 2012 la demora era de 6 meses) pero ha empeorado en Penal (era de casi dos meses) y sobre todo en Contencioso (era de 1 año) y Social (era de 1,4 años).
«Son tiempos promedio de respuesta que no son satisfactorios y querríamos que menguasen, con una capacidad de respuesta a más corto plazo», ha manifestado.
Tasas
Sobre la posible influencia de las nuevas tasas judiciales en la reducción de los asuntos, Terrasa no cree que «la disminución sea determinada sustancialmente por la tasa», aunque ha advertido de que todavía no se conoce el efecto y «habría que ir área por área para ver la influencia efectiva», ha advertido.
En Baleares había 11,6 jueces por 100.000 habitantes en julio de 2012, cifra superior a la media nacional de 10,9; y la tasa de litigiosidad se situó en 200,4 asuntos cada 100.000 habitantes, también por encima del promedio de 191,6.
Terrasa ha recalcado que los órganos jurisdiccionales de Balears sufren «una disfunción severa en dos puestos concretos» que son los juzgados de lo Social y de lo Contencioso-administrativo de Palma donde ha reclamado refuerzos.
En lo Contencioso han disminuido un 31,3 % los asuntos registrados, en lo Civil han bajado casi un 10 %, en lo Social un 5,3 % y en lo Penal un 2,1 %.
En cuanto a la capacidad de resolución, también ha bajado, significativamente en lo Contencioso, un 23,3 %; un 5,1 % en lo Civil y lo Penal y un 1 % en lo Social.
Sobre la Audiencia Provincial, Terrasa ha dicho que sus dos secciones penales están «sobrecargadas» y requieren la constitución de una tercera para hacer frente «al volumen de carga, con asuntos de complejidad y voluminosos, en ocasiones con muchos imputados, diligencias y testimonios que dan problemas funcionales».
Los refuerzos que han tenido ambas secciones en 2013 han dado cierto resultado: ha aumentado un 10,4 % su resolución de asuntos y se ha recuperando lo pendiente más de un 20 %, pero Terrasa ha recalcado que considera necesario mantener estas medidas e incluso incrementarlas para poder celebrar juicios orales a la vez en tres secciones, con un aumento de magistrados adecuado.
Sobre los problemas de inestabilidad que hubo en las secciones penales de la Audiencia en 2012, cuando varios jueces pidieron traslados por la pesada carga de trabajo que soportaban, Terrasa ha dicho que la situación ha mejorado porque no ha habido más solicitudes y además hay refuerzos que ayudan a paliar su situación complicada.
«Es muy significativa la situación de estabilidad que están ganando porque desde que se produjeron y se cubrieron los vacíos, los magistrados que ahora componen las secciones penales se han mantenido ya durante un tiempo razonable para consolidar su proyección aquí», ha afirmado.
En los Juzgados de lo Mercantil se han resuelto un 17 % menos asuntos y los que quedan pendientes han aumentado un 5,8 %. Terrasa ha pedido que se mantengan también los refuerzos en este ámbito.
Otras necesidades pendientes son mantener los apoyos existentes y que se mejoren en algunos casos en los Juzgados de Instrucción y se aporte un refuerzo en Primera Instancia de Eivissa. Terrasa también ha incidido en que el edificio judicial de Ciutadella está en muy malas condiciones.
En cuestiones ligadas a la crisis económica, en 2013 se registraron 529 concursos voluntarios de acreedores y 48 necesarios, «cifras de mantenimiento» según Terrasa, que considera que «todavía son tasas muy elevadas».
Los lanzamientos practicados (desahucios) han sido 2.446, unos 884 por ejecución hipotecaria y 1.580 arrendamientos urbanos. En Palma, ha habido 1.009 asuntos registrados (no todos ellos acabarán en ejecución), la cifra más baja de los últimos cinco años.
En cuanto a los datos de violencia sobre la mujer, se han presentado 2.432 denuncias, frente a las 3.045 de 2012; y se han dictado 244 órdenes de protección (370 el año anterior). Ha habido un aumento de asuntos remarcable tanto en lo civil (4,4 %) como penal (23,8 %). Por el contrario, en Ibiza han bajado un 12,6 %.