La Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública (PUDUP) de las Islas Baleares ha manifestado su apoyo a los miembros de la comunidad universitaria encausados por la ocupación de la Conselleria de Educación ocurrida el 22 de mayo de 2012.
La entidad ha señalado en un comunicado que considera que «no tienen razón de ser» la denuncia, las multas y las penas de prisión que solicitan para los encausados, para siete de los cuales la Fiscalía que pide un año y medio de cárcel por alterar el orden público y lesionar presuntamente a la exjefa de gabinete, y 6 meses para otros 36 únicamente por el primer delito.
La plataforma indica que entrar en una oficina pública en horario de oficina no debe ser un delito incluso si con esta acción se pretende manifestar un desacuerdo y menos en este caso, en el que la ocupación de la Conselleria fue «simbólica, durante un breve periodo de tiempo» y en el marco de una jornada de huelga en defensa de la educación pública.
La entidad considera que el proceso judicial contra los estudiantes es «puramente político» y pretende «represaliar y criminalizar un acto de denuncia pública».
La PUDUP ha señalado que meses después, el 26 de noviembre de 2012, unos treinta miembros de la plataforma entraron en la Conselleria sin notificación previa para entregar una calabaza y una instancia a los responsables de Educación, como muestra de rechazo a sus políticas y «no se interpretó como un desorden ni como una coacción».