El juez Castro mantiene imputada a la infanta Cristina, en el auto de cierre de instrucción dado hoy a conocer, en el que se le acusa de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Además, retira la imputación a Carlos García Revenga, secretario de la duquesa de Palma, y concede un plazo de 20 días a las partes para formular escritos de acusación.
Junto a García Revenga, el juez también ha acordado el sobreseimiento para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el empresario valenciano Miguel Zorío y el exdirectivo del Instituto Nóos Mario Sorribas, así como para Robert Cockx, Luis Tejeiro, Salvador Trinxet, Miguel de la Villa y Gerardo Corral.
El instructor del caso que ha salpicado a la Familia Real de lleno considera que Cristina de Borbón debería ser juzgada junto con su esposo, Iñaki Urdangarin, y el resto de imputados en la supuesta trama de corrupción.
Esta decisión figura en el auto de pase a procedimiento abreviado dictado hoy por el juez Castro, de 167 páginas, con el que pone fin a la instrucción del caso Nóos y donde dispone que el Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares y populares personadas soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa en un plazo de 20 días o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
La infanta sigue imputada, junto a su marido Iñaki Urdangarin, por dos delitos de fraude fiscal del artículo 305 del Código Penal. Hacienda atribuye presuntamente a Urdangarin fraude en el IRPF de 2007 y 2008.
El juez también mantiene la imputación de la hermana del rey por presunto blanqueo de capitales, previsto y penado en el artículo 301 del Código Penal.
Castro imputó el pasado 7 de enero a la infanta Cristina por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La duquesa de Palma prestó declaración el juzgado el 8 de febrero durante seis horas.
Además, propone que Iñaki Urdangarin sea juzgado como presunto autor de malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y dos delitos fiscales por el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidió entre 2003 y 2006.
Los ocho delitos, de los que algunos fueron supuestamente cometidos de manera reiterada llegando hasta 25 comisiones de delito, figuran en el auto de pase a procedimiento abreviado dictado hoy por el juez Castro.
Con ello, el juez pone fin a la instrucción del caso Nóos y dispone que el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares y populares personadas soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
A lo largo de la instrucción del caso Nóos, Urdangarin ha prestado declaración ante el juez en dos ocasiones, en febrero de 2012 y de 2013. Además, varias de sus propiedades, incluido el llamado palacete de Pedralbes, están embargadas desde el pasado noviembre por impago de la fianza de responsabilidad civil de 6,1 millones que le impuso el juez ante una eventual condena.
Castro mantiene en total la imputación de 16 personas por supuesta malversación, prevaricación, falsedad, estafa, fraude a la Administración y a Hacienda y blanqueo.
Entre los imputados figuran Urdangarin, la infanta Cristina, el exsocio del duque de Palma Diego Torres y su mujer Ana María Tejeiro, y sus hermanos Miguel y Marco Antonio Tejeiro; el expresidente del Govern balear Jaume Matas; el ex director general de Deportes, José Luis «Pepote» Ballester; el ex director del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía; el ex director de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal; el exsecretario del Ibatur, Miguel Ángel Bonet; el ex secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) José Manuel Aguilar, y la exresponsable jurídica de Cacsa Elisa Maldonado. También sigue imputada la ex consejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen.
Después de haber tomado 44 declaraciones a una treintena de imputados a lo largo de la instrucción, el juez Castro ha discriminado quiénes continúan imputados y ahora la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares y populares personadas en la causa deberán solicitar la apertura del juicio oral y formular las peticiones de penas contra ellos.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha dado por concluida la fase de investigación de esta causa de presunta corrupción con un auto de 167 páginas contra el cual cabe presentar recurso en un plazo de 5 días.