La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears califica de «disparate» las trabas para alquilar viviendas a turistas que recoge el borrador del decreto que desarrolla la Ley del Turismo de julio de 2012, el cual ha sido remitido a entidades y patronales afectadas.
«No se tiene que prohibir, sino legalizar. El objetivo que debe primar es de propiciar la máxima tributación fiscal. No podemos poner puertas al campo por intereses creados», afirmó ayer el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, José Luis Guillem.
La regulación, en opinión de Guillem, «es clave, de ahí que se tiene que legalizar este tipo de alquiler porque afecta a otro tipo de turismo que llega a la Isla y que elige no alojarse en la oferta hotelera. Crea riqueza de un modo directo indirecto y la regulación es o debe ser puramente fiscal».
El conseller de Turismo, Jaime Martínez, señaló ayer: «El decreto amplía las tipologías y somos más aperturistas, porque nos abrimos a cualquier tipo de suelo, de ahí que se haya pasado de 5.000 a 10.000 viviendas. La interpretación de la autorización o permisos de propietarios en viviendas unifamiliares aisladas para poderla alquilar turísticamente se centra únicamente en aquellas parcelas donde hay más de una vivienda o entre medianeras. Y aplicar la cota de alquiler de este tipo de viviendas al hecho de que estén construidas antes de 1960, tiene una explicación lógica. El objetivo es evitar un agravio comparativo con la regulación actual que tienen que cumplir los agroturismos o hoteles de interior, que son en viviendas construidas antes de 1960 ó 1940, respectivamente».
Martínez afirma que con el decreto que se quiere aplicar «se incorporan más viviendas al mercado turístico».
La no regulación de las viviendas plurifamiliares, según el conseller de Turismo tiene otros condicionantes. «No se pueden legalizar y los instrumentos legales son la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Propiedad Horizontal y el propio Código Civil. Las comunidades de vecinos, con estos instrumentos, son los que tienen la capacidad de regular o no la actividad turística en su edificio».
La Asociación de Promotores Inmobiliarios, al respecto, puntualiza que se regulen las viviendas plurifamiliares y que no se prohiban las páginas webs. «En Andalucía, Catalunya y Comunidad Valenciana. Insisto, una y otra vez, en que el control fiscal es fundamental para evitar fraudes», afirma Guillem.