El destino del dinero que patronales, sindicatos y empresas privadas no han podido justificar en los cursos de formación para parados en Balears entre 2007 y 2011 podría superar el millón de euros, según un primer balance de las investigaciones que la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional vienen desarrollando desde el pasado mes de julio.
Según confirmaron fuentes judiciales, las pesquisas del supuesto nuevo caso de corrupción se hallan en una fase embrionaria y todavía los investigadores no han interrogado ni a imputados ni a testigos.
No obstante, el fiscal Pedro Horrach y la policía judicial han reunido indicios suficientes para afirmar que, por ahora, existen «apariencias delictivas» que apoyan la judicialización del 'caso Subvenciones' a través de la pertinente querella criminal. Los indicios apuntan a la falta de justificación de las subvenciones, facturas simuladas y contratos irregulares con proveedores.
En principio, los delitos que habrían cometido los responsables de administrar los fondos de los cursos para desempleados en Balears son los de malversación y falsedad documental, aunque las fuentes consultadas por este diario apuntan a que pueden «ser más».
La causa, asimismo, podría traspasar las fronteras y llegar a Bruselas, ya que Anticorrupción se está planteando consultar a los máximos organismos de la Unión Europea sobre los informes que manejan acerca del dinero que destinan a las subvenciones para cursos de formación. Al parecer, la UE ya detectó en su momento irregularidades en el uso de las ayudas, información que trasladó al Gobierno español.
La investigación afecta a la gran patronal CAEB, los sindicatos CCOO y UGT, y empresas privadas.
CCOO difundió ayer un comunicado ofreciendo «todo el apoyo» a la investigación, y la CAEB, a través de un portavoz, explicó ayer que no se pueden pronunciar sobre unas pesquisas de las que no tienen constancia.