La Audiencia de Palma ha decidido mantener la imputación de la infanta Cristina por dos delitos fiscales, pero no la de blanqueo de capitales.
Ante esta determinación, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares y popular podrán formular acusación contra ella y pedir que sea juzgada.
Los magistrados Mónica de la Serna, Juan Jiménez y Diego Gómez Reino han archivado la imputación por blanqueo de capitales que también había planteado el juez instructor, José Castro, quien tendrá en su mano la decisión de sentar en el banquillo a la hermana del Rey aunque solo lo solicite la acusación popular que ejerce Manos Limpias.
El auto añade el delito de blanqueo a las imputaciones contra Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Ana María Tejeiro.
La nueva imputación para Urdangarin supone que está acusado de nueve delitos: prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, fraude a Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo.
En total, el marido de la infanta sumaba 24 delitos y desde hoy son 25: cinco delitos de prevaricación, cinco de fraude, cinco de tráfico de influencias, cuatro de malversación, dos contra Hacienda, uno de falsedad, uno de estafa, uno de falsificación y uno de blanqueo.
La Audiencia de Palma puntualiza que imputa este nuevo delito a Urdangarin, Torres y Tejeiro «sin necesidad de practicar nuevas diligencias de investigación o de tener que tomar declaración para poder formular acusación».
En un auto dictado hoy por unanimidad de los tres jueces, la sección segunda de la Audiencia provincial ha resuelto los catorce recursos de apelación presentados por las partes personadas en el caso Nóos al escrito con el que el juez Castro concluyó la instrucción el pasado 25 de junio.
La sección segunda estima parcialmente los recursos de la Fiscalía y de la defensa de la infanta, al archivar el delito de blanqueo.
Sin embargo, en caso de que se aplique a Cristina de Borbón la doctrina Botín - que impide que con una sola acusación popular pueda ser juzgada por delito fiscal- la hermana del Rey no iría a juicio, ya que únicamente el sindicato Manos Limpias ha ejercido esta potestad.
La imputación de la duquesa de Palma responde a presuntos delitos fiscales cometidos como cooperadora en los ejercicios económicos de 2007 y 2008.