La Fiscalía Anticorrupción solicitará este martes más de cien años de cárcel para los acusados del caso Nóos, de los que entre 18 y 20 los reclamará para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y casi 17 años para su exsocio, Diego Torres, a quienes acusa de haber urdido y liderado una compleja trama de desvío de fondos públicos a través de la cual se habrían apoderado irregularmente de hasta 5,9 millones de euros.
Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que precisan que, del mismo modo, el Ministerio Público reclama que la Infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de casi 600.000 €. También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de alrededor de un millón de euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.
Se trata de las principales peticiones que el fiscal Pedro Horrach incluirá en el escrito de calificación de más de 500 páginas que presentará este martes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en el que dirigirá su acusación contra 14 de los 20 imputados de la causa.
La solicitud de pena para el Duque y otros inculpados podría variar 'in extremis' en caso de que, a última hora, decidan hacer frente al pago de las cantidades presuntamente malversadas en Balears, Comunidad Valenciana y Madrid y, con ello, asuman su responsabilidad en los hechos.
En lo que a la hermana del Rey Felipe VI se refiere, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon.
Manos Limpias, representado en la causa por la letrada Virginia López Negrete, es la única acusación que solicitará pena de cárcel para la Duquesa, al apuntar que su papel fue imprescindible para que su marido pudiera defraudar hasta 337.138 euros en las cuotas del IRPF del 2007 y el 2008.
Y ello al apuntar que la hermana del Rey Felipe VI contribuyó, como socia de Aizoon -de la que es copropietaria con su esposo-, a que Urdangarin pudiera valerse de esta empresa 'pantalla' para facturar a través de la misma, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.
Para reclamar la caución, Horrach se amparará en el artículo 122 del Código Penal, que establece que «el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación», aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.
No son las únicas cantidades de dinero que reclamará el fiscal Pedro Horrach, puesto que tanto Urdangarin como Torres y el resto de inculpados -excluidas Cristina de Borbón y Tejeiro- deberán hacer frente a una solicitud de unos 6,3 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).
En concreto, sobre Urdangarin pesan delitos continuados de malversación, prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, estafa, fraude a la administración, dos delitos fiscales y un último de blanqueo de capitales. Los mismos que sobre Torres, si bien se enfrenta a un solo delito fiscal.
Entre diez y doce años de cárcel para Matas
En el ámbito balear, entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrentará a una solicitud de entre 10 y 12 años de cárcel por delitos de malversación, prevaricación, falsedad y fraude. El resto de exaltos cargos de las islas -el exdirector general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico de ésta Miquel Àngel Bonet- afrontarán peticiones que en conjunto suman unos 20 años de prisión.
En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público solicitará un total de 30 años de privación de libertad para todos ellos. Se trata del exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela; la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y el también exdirector general José Manuel Aguilar.
Finalmente, a cerca de siete años se enfrentará la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen, mientras que también engrosarán la lista de acusados la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.
Las empresas del entramado
El fiscal sostiene que para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban, a través de sus empresas, precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de las sociedades controladas por los dos imputados.
Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.
Los fondos que las administraciones pagaron a Nóos
El fiscal Horrach apunta a que mediante este mecanismo, estas entidades se hicieron con los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.
Asimismo, despliega las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detalla cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.
La instrucción del caso Nóos llegó a su fin el pasado mes de junio tras más de cuatro años de investigaciones en torno a las actividades presuntamente irregulares llevadas a cabo a través del Instituto Nóos. Y es que fue a principios de 2010 cuando las pesquisas darían sus primeros pasos para acabar estallando de forma definitiva en noviembre de 2011 con el registro de Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas.