El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha librado oficios al Govern y a la Agencia Tributaria (AEAT) con el objetivo de que le faciliten datos sobre la constructora Bruesa, una de las empresas que habrían financiado la reforma de la sede del PP balear durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) mientras, a su vez, resultaban favorecidas con contrataciones públicas.
Mediante una providencia dictada este miércoles, Castro acuerda asimismo trasladar a la Fiscalía Anticorrupción y demás partes personadas un informe recientemente presentado por la Guardia Civil en torno a estos hechos, por los que, entre las próximas diligencias previstas, está citado a declarar el próximo 11 de marzo, en calidad de testigo, el extesorero del PP nacional Luis Bárcenas.
La petición se une a la que ya cursó Castro al Ejecutivo autonómico a fin de que, antes de la comparecencia de Bárcenas, le certifique los contratos públicos adjudicados a Brues y Fernández o a Bruesa desde 2003 a 2007, y la Agencia Tributaria le remita las operaciones con terceros que realizaron estas empresas.
En concreto, las pesquisas se enmarcan en la pieza número 28 del caso Palma Arena, centrada en una presunta financiación ilegal del partido. Junto a Bárcenas, el mismo día está citado el exgerente del Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salut) Sergio Bertrán y la exjefa de gabinete de Matas Maria Umbert, mientras que está citado como imputado el empresario y propietario de la constructora Bruesa Antonio Pinal, quien habría pagado parte de la reforma del inmueble de los 'populares'.
El magistrado interrogará a Pinal sobre las supuestas comisiones o donativos que habría abonado al PP balear, a Matas o al exgerente del partido y cuñado del expresidente Fernando Areal, quien presuntamente era el encargado de mediar en el pago y cobro de los sobornos.
Castro tiene sobre su mesa la confesión efectuada por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien tanto ante la Fiscalía Anticorrupción como ante el propio juez explicó que Antonio Pinal le comentó que ayudó en la compra del sede del partido a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets.
Es más, señaló que «en más de una ocasión» el empresario le comentó que «por su costumbre de trabajar en el País Vasco, trabajaba financiando tanto al PP como al PSOE».
El instructor cuenta asimismo con las manifestaciones efectuadas al respecto por Bárcenas durante la comisión de investigación del hospital de Son Espases en el Parlament balear, en la que, a través de videoconferencia, afirmó que un empresario gallego, en referencia a Pinal, colaboró en la adquisición y financiación de la sede del partido junto a otros empresarios.
Unas prácticas presuntamente delictivas que, según Castro, de ser ciertas, guardarían analogía con las que el magistrado indaga desde hace más de cinco años, durante los cuales parte de las pesquisas del caso Palma Arena se ha centrado en averiguar si varias empresas financiaron de forma irregular las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, mercantiles que a su vez resultaron favorecidas con contrataciones públicas.