Seis testigos prestarán declaración ante el titular del juzgado de instrucción 7 de Palma, Antoni Garcias, los días 10 y el 11 en el marco del caso farmacias, derivado de una querella contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y su gabinete por no adjudicar nuevas de boticas.
Inicialmente, las declaraciones de varios miembros del Colegio de Farmacéuticos y funcionarios de la Conselleria de Salud estaban previstas para los días 6 y 7 de mayo, pero se suspendieron por enfermedad del abogado del querellante.
Entre las personas que declararán esta semana figuran varios representantes del colegio de Farmacéuticos, como su presidente, Antonio Real; su secretario, Juan Vicens, y Antonio Barceló.
También están citados para declarar como testigos dos funcionarios de Salud.
El juez Garcias admitió a trámite el pasado marzo la querella de un farmacéutico contra el Govern, según había indicado la Audiencia de Palma en un auto de febrero, después de que el magistrado archivara inicialmente el caso.
El juez imputó al director general de Gestión Económica y Farmacia, César Vicente, a quien todavía no ha citado para declarar.
El denunciante, Cristóbal Pons, acusa a los querellados de prevaricación por ignorar la sentencia que les obligaba a sacar a concurso la apertura de nueve oficinas de farmacia para beneficiar al presidente, que posee un despacho farmacéutico, y al conseller de Salud, Martí Sansaloni, que también es farmacéutico.
La querella se dirige contra el presidente del Govern, el conseller de Salud, el director de Farmacia, la secretaria general de la Conselleria y todos los miembros del ejecutivo autonómico porque el querellante considera que han participado en decisiones colegiadas del gabinete sobre el sector farmacéutico.
A principios de febrero, la sección segunda de la Audiencia de Palma revocó la decisión del juez de archivar la querella contra Bauzá y su Govern, y le ordenó tramitar la investigación por entender que no se habían practicado las diligencias precisas para descartar la existencia de delitos.
La Audiencia señaló que era «necesario y recomendable» practicar una investigación previa a la imputación de los posibles responsables, empezando por tomar declaración al querellante y otros posibles perjudicados.