El PP ha criticado este sábado la modificación del decreto urbanístico por parte del Govern diez días después de su publicación, lo que ha calificado de «chapuza jurídica».
Así se ha expresado el PP en un comunicado en el que señala que la publicación este viernes en el BOIB de un nuevo decreto ley para modificar el decreto ley de medidas urgentes en materia de urbanismo aprobado hace diez días «demuestra la improvisación, la falta de rigor y la descoordinación del Ejecutivo, además de incidir en la opacidad y la falta de transparencia en todas sus decisiones».
La publicación del nuevo decreto viene motivada por «algunos errores materiales e imprecisiones técnicas» que era necesario subsanar en el primero.
El nuevo texto modifica varios artículos del primer decreto relativos a aspectos de la ley Agraria, ya que dejaba en suspenso las exoneraciones para todo tipo de construcciones en suelo rústico.
Con la modificación, este punto «se clarifica para evitar interpretaciones» y las exoneraciones sólo podrán ser para actividades exclusivamente agrarias.
Para el PP, esto es una «gran chapuza jurídica», que «lo único que provoca es un aumento de la inseguridad jurídica, así como la paralización de inversiones».
«La rectificación del decreto ley es síntoma de la precipitación y descoordinación de un Govern más preocupado por derogar las leyes de la pasada legislatura por el mero hecho de estar aprobadas por el PP que por legislar y gobernar verdaderamente en favor del interés general de todos los ciudadanos», han señalado los 'populares'.
Asimismo, la formación ha lamentado que con este decreto el Govern «ha vuelto a hurtar el debate y la información previa a los agentes afectados y a la sociedad en general, en un ejercicio más de la nula transparencia del Ejecutivo».
Además, desde el PP todavía se considera más grave «el hecho de que la presidenta del Govern no comparezca este martes en el Parlament con carácter extraordinario».
Por su parte, el PI está «estupefacto ante el desbarajuste» generado por el Govern, que ha debido rectificar su propio decreto ley, sin consultar otra vez a los partidos de la oposición.
En opinión del partido de Jaume Font, la formación considera que la inseguridad jurídica generada en relación a la posibilidad de ampliar las casas legales en suelo rústico «que no han agotado los parámetros es un error».
Con esta rectificación, continua el PI, se hubiera podido resolver también una «injusticia» con los pequeños y medianos propietarios.
Finalmente, el partido regionalista insta al Govern a tramitar los decretos ley como proyectos de ley para que todos los grupos políticos en el Parlament puedan presentar sus enmiendas y sea posible el debate político.
El PI invita al Govern a buscar el consenso y a ser «fiel» a la transparencia y al diálogo que «proclama pero no practica». Con esta modificación, el ejecutivo se ha dejado «en evidencia a sí mismo».