El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impuesto una sanción de 2.000 euros al juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Inca por acumular 164 sentencias pendientes y 79 autos.
El magistrado Salvatore Torrisi Furnari fue denunciado por la supuesta demora sin motivo en tramitar casos y dictar sentencias. El Poder Judicial acordó incoar el 14 de septiembre pasado un expediente, por la posible comisión de una falta muy grave de desatención y de retraso injustificado. Por su parte, el Ministerio Fiscal informó que «la gravedad y persistencia del retraso atribuible al expedientado debe traducirse en la imposición de una sanción disciplinaria de 2.500 euros de multa».
En la resolución del expediente disciplinario contra el juez de Inca, el CGPJ explica que Salvatore Torrisi tomó posesión de su destino en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de esa ciudad el 9 de octubre de 2012, y también ejerció como sustituto en el Juzgado de Primera Instancia número 3, por un breve período de tiempo. Como consecuencia de todo el trabajo pendiente que se le acumuló al juez, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) nombró a una jueza de adscripción territorial en funciones de refuerzo y dos más de apoyo, para sacar adelante esas sentencias pendientes. La mayoría de asuntos que acumulaba Torrisi son de familia y en algunos casos la demora era de casi tres años. Numerosos abogados se quejaron de esta situación, que calificaron de insostenible.