Otro funcionario y dos personas vinculadas al Ayuntamiento de Palma han sido detenidas este miércoles en relación a la trama de corrupción de la Policía Local de Palma. Se trata del ingeniero P.T., antiguo máximo responsable del departamento de actividades de Cort y que actualmente es un alto funcionario del Consell de Mallorca; el abogado J.O. y el ingeniero G.O.
Estos dos últimos no son cargos públicos, si no que tienen despachos privados pero están muy vinculados con la tramitación de expedientes del Ayuntamiento de Palma.
Los tres detenidos se encuentran en las dependencias de la Policía Nacional de Palma a la espera de prestar declaración.
Estas tres últimas detenciones se han producido tras la actitud colaboradora del jefe de Actividades de Cort, que fue detenido este martes. Este funcionario estuvo detenido nueve horas y posteriormente fue puesto en libertad con cargos.
El magistrado investiga presuntos delitos de tráfico y tenencia ilícita de armas, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, prevaricación, negociaciones prohibidas, coacciones, cohecho, amenazas, extorsión, falsedad, contra la salud pública, fiscales y contra el medio ambiente.
En esta causa, que empezó a investigarse en 2013 y que permanece bajo secreto de sumario, han ingresado en prisión preventiva hasta 16 policías. Los investigadores sospechan que varios agentes extorsionaban a empresarios de ocio y beneficiaban a otros a cambio de dinero y prebendas.
El juez instructor dictó el viernes pasado un auto para prorrogar durante un mes más el secreto sumarial para continuar las indagaciones y lo justificó por la tipología delictiva y la forma de actuar de los implicados y por sus conexiones, ya que considera que «no se puede investigar eficazmente de otra forma».
En un auto de prórroga dictado anteriormente, Penalva aseguraba que, además de policías, en los hechos investigados estarían implicados «otros funcionarios públicos de los ayuntamientos de Palma y Calvià».
El juez investiga los hechos denunciados por un empresario que declaró que la policía había cerrado injustificadamente su local, cuya licencia «estaba bloqueando ilegalmente un funcionario del ayuntamiento».