Quien quiera vender una vivienda protegida, lo que coloquialmente se conoce como VPO, lo tendrá a partir de ahora más complicado si prospera la intención del Govern de prohibir que estos inmuebles lleguen al mercado de segunda mano.
Los responsables de la Conselleria de Territori estudian prohibir la venta de estos pisos a terceros. Es decir, si un dueño quiere deshacerse del inmueble, lo podrá vender al Govern al precio que lo compró, pero no en el mercado libre.
Se trata de una modificación sustancial de la legislación ya que, según la normativa actual, en la mayoría de los casos basta con que hayan transcurrido diez años para que se pueda vender la vivienda en el mercado libre. Esto tiene unas consecuencias muy beneficiosas para el dueño del inmueble, que puede vender a precio de mercado un piso que adquirió en condiciones muy ventajosas ya que recibió unas ayudas públicas que no tuvieron otros propietarios.
El conseller de Territori, Marc Pons, reconoce que la decisión de impedir la venta de estas viviendas está todavía en estudio, pero todo apunta a que finalmente quedará incluida en la ley. Con esta medida, se invertirá la tendencia de estos años y se conseguirá que dentro de cuatro décadas el Govern de turno disponga de un parque público para ofrecerlo a las familias más necesitadas.