La Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas incrementa un 14,7% por ciento su presupuesto para el año que viene, lo que supone un total de 69,8 millones de euros, básicamente para hacer frente a los gastos derivados del alquiler centralizado del edificio multifuncional de Son Rossinyol, que pasará a acoger también las dependencias de la Dirección general de Función Pública.
Así lo ha destacado la consellera, Catalina Cladera, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Parlament para presentar el Proyecto de ley de presupuestos generales de la CAIB en cuanto al departamento.
Según ha explicado, el incremento de la transferencia para la Agencia Tributaria de Balears, y el aumento de 5 millones de euros en la aportación del Govern en Palma por cuenta de la Ley de capitalidad, protagonizan los principales incrementos de la aportación de su Conselleria.
El grueso de los 69,8 millones de euros se reparten entre las diferentes direcciones generales de la Conselleria. Así, desde la Dirección general de Función Pública se gestionarán 27,2 millones de euros, un incremento del 23% con respecto el presupuesto de este año.
Uno de los objetivos principales de este departamento será la preparación y posterior remisión al Parlament de la nueva Ley de Función Pública. Paralelamente, desde Función Pública se impulsan las políticas de retorno de derechos a los trabajadores públicos.
Desde el punto de vista de las competencias de Administración Pública, se prevé la dotación de 12 millones de euros para el Fondo de Cooperación Local para todos los consistorios de Balears, el total de 9,9 millones de euros para la capitalidad de Palma, 1,3 millones para mantener los sueldos de los alcaldes y alcaldesas de los municipios más pequeños, y 0,2 millones para la dotación del convenio de colaboración con la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB).
La Dirección general de Emergencias e Interior gestionará 9,9 milllones, un 1,9% más que este año. El objetivo prioritario del departamento, del cual también depende la prestación del servicio de Emergencias 112 a través de la empresa GEIBSAU que recibirá 4,2 millones, será la preparación de la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales.
También se destinan 0,3 millones al Plan Integral de Emergencias, 2,5 millones para el Fondo de Seguridad Pública y 0,1% para dotación de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil.
Por su parte, la asignación por la Dirección general de Presupuestos y Financiación llega a los 0,6 millones con una ligera bajada del 0,9%. Es este departamento el que se encarga de la elaboración de los presupuestos, y también capitaliza las acciones de estudio y presentación de la propuesta de un nuevo sistema de financiación por Baleares así como un nuevo REB.
La Dirección general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio dispondrá de 8,3 millones para 2017, con un decremento del 1,4%. El control de tesorería y del endeudamiento a corto y a largo plazo configura la actividad principal de este departamento. También desde aquí se tutela la aportación de la CAIB a la Sociedad de Garantía Recíproca ISBA, para el mantenimiento de las líneas de avales concedidas en años anteriores, y la dotación de las nuevas líneas de 2017 para la ayuda a la financiación de PYMES y emprendedores. Para este objetivo se destinan 1,9 millones.
También desde a Dirección General del Tesoro se gestiona el patrimonio de la CAIB, y en este aspecto se prevé la generación de 2,6 millones de ingresos por la alienación de activos inmobiliarios propios en Son Angelats y en Madrid.
Además de la sección 14, inherente estrictamente a la dotación de los departamentos afectos a la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, Cladera se ha referido en su intervención al resto de secciones presupuestarias que quedan bajo el control de Hacienda.
Cladera ha destacado que las aportaciones a los Consells Insulars ha llegado hasta los 327,2 millones con un 9% de incremento.
La gestión de la deuda pública llega este año a los 948,7 millones, 4,7% más que en 2016, que se destinan a la amortización de los pasivos financieros, los gastos financieros y los activos financieros de la comunidad autónoma.