El Govern obligará a los bancos y promotores de viviendas a ceder los pisos de su propiedad que lleven al menos dos años vacíos. El Ejecutivo se quedará con el uso de estas viviendas durante al menos tres años para ofrecerlas en alquiler social, con un precio tasado.
Es la medida más controvertida de las que figuran en el proyecto de ley de vivienda que el Ejecutivo someterá durante un mes a exposición pública. La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Territori, Marc Pons, presentaron este miércoles las líneas maestras de este proyecto tras una reunión con la Mesa de Vivienda.
Vivienda digna
«Este Govern trabaja para que los ciudadanos de las Islas disfruten de una vivienda digna», aseguró Armengol. «Queremos poner fin a las políticas regresivas que marcó la crisis inmobiliaria», añadió el conseller.
El Govern considera que una vivienda está vacía cuando lleva dos años sin que haya pagos de luz, agua o gas. Los grandes propietarios de viviendas destinadas al mercado inmobiliario tendrán la obligación de inscribirlas en un registro bajo multa de 30.000 euros por vivienda si no lo hacen. La medida no afecta a los propietarios particulares.
No es la única iniciativa de calado que recoge la ley. Los bancos también tendrán la obligación de cumplir un protocolo de desahucios de forma que a quienes sean desahuciados se les ofrecerá en primera instancia la posibilidad de seguir en la vivienda pagando un alquiler.
Otra medida importante afecta a las viviendas de protección oficial, las VPO. Las que se construyan a partir de la entrada en vigor de la ley no podrán venderse a terceros. Si quiere desprenderse de ella, el propietario quedará obligado a vendérsela al Govern por el precio tasado actualizado.