La resolución del caso Nóos obliga al Govern a acudir al Supremo para intentar recuperar los más de dos millones de euros que Matas ordenó pagar a Nóos y sólo le reconoce el derecho a ser indemnizado con 619.000 euros aunque aprecia la «originaria ilicitud con relevancia penal» de los contratos que se firmaron con los Illes Balears Forum. Así, el Govern ha encargado a la Abogacía que elabore un informe para analizar la viabilidad de un recurso. Fuentes del ejecutivo señalan que la intención es intentar recuperar los fondos, pero para ello requiere de un informe favorable.
Mientras, entre multas y pagos de impuestos atrasados, el Estado recibirá 2,8 millones de euros si la sentencia toma firmeza. A esa cantidad hay que añadir la que más tarde la Agencia Tributaria pueda reclamar a Diego Torres e Iñaki Urdangarin por los ejercicios económicos en los que defraudaron a Hacienda en cantidades que no llegan a constituir un delito.
El argumento de la Sala es que los dos convenios que firmó la empresa pública Illesport estaban viciados porque nacieron de una «decisión unilateral previa» de la autoridad, en este caso Jaume Matas. Sin embargo, entiende que tuvieron alguna utilidad pública y que no hay pruebas de que no procuraran «un retorno positivo para la Administración». De esta forma, rechazan anular el contrato porque provocaría «un perjuicio a los particulares que deberían soportar en exclusiva el coste de los eventos celebrados».
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