El Parlament balear aprobará el próximo martes la ley que regulará el alquiler de viviendas a turistas, la norma más discutida de lo que va de legislatura, que llega a pleno con incertidumbres por la exigencia de Podemos de introducir algunas enmiendas que rechazan sus socios de PSIB y MÉS.
La modificación de la Ley de Turismo para regular el arrendamiento vacacional divide en varios aspectos al pacto de izquierdas, cuenta con el rechazo con matices de la oposición y es cuestionada en sus ejes esenciales tanto por la patronal hotelera como por las asociaciones de alquiler turístico.
El pleno extraordinario de la próxima semana incluye como tercer punto del orden del día la votación definitiva de la ley, de la que se aprobarán la mayoría de artículos, aunque quedan en el aire algunos clave como consecuencia de la defensa de Podemos de reivindicaciones no aceptadas por MÉS y PSIB.
El partido de los círculos quiere que se prohíban nuevos alquileres a turistas de viviendas situadas en suelo rústico, que la ley contemple un número máximo de plazas de alquiler y que se declaren zonas de «emergencia habitacional» Palma y la isla de Ibiza.
De no aceptarse sus enmiendas en este sentido, Podemos podría apoyar junto al PP el mantenimiento del artículo de la ley vigente que prohíbe cualquier alquiler vacacional de viviendas en inmuebles plurifamiliares.
La regulación del alquiler de pisos, que para muchos sectores es una de las principales causas de la sensación de saturación turística y de la inflación del precio de las vivienda en el archipiélago, es un elemento central en la reforma legal impulsada por el Govern de izquierdas.
La ley deja en manos de los consells insulars (del Ayuntamiento de Palma en el caso de la capital) la determinación de las zonas en las que se podrían alquilar alojamientos a turistas en edificios plurifamiliares.
Los partidos que suman la mayoría en la cámara legislativa están de acuerdo en aprobar otras novedades de la ley como el límite máximo de dos viviendas en alquiler turístico por propietario, la restricción del tiempo de arrendamiento a turistas del domicilio habitual a dos meses al año y el establecimiento de fuertes sanciones por publicitar, gestionar y alquilar sin licencia, con multas de hasta 400.000 euros.
En el pleno del martes, el penúltimo del periodo extraordinario que concluirá con otra sesión la próxima semana, se votarán también modificaciones de la Compilación de Derecho Civil de Baleares y de la Ley de Estadística.
Antes de la sesión se reunirá la Diputación permanente para tratar las solicitudes de plenos extraordinarios con preguntas de control al Govern planteadas por todos los grupos menos por los que forman parte del ejecutivo.
Para Esfumado: Y dale con los destrozos. TE VUELVO A REPETIR QUE SOMOS BASTANTES LAS PERSONAS HONESTAS QUE VIVIMOS DE ALQUILER Y NO OCASIONAMOS DESTROZOS. No nos metas a todos en el mismo saco. Y sí es obligación informar a la policía de todos los turistas que se alojan en Menorca, pero claro, los que alquilaís sin declarar, no lo hacéis. Ay el día que os pase algo con alguno de vuestros inquilinos, espero se os caoga el pelo!!!!!! Y claro que no tengo que pasar mis datos!!! Resido aquí, trabajo aquí y pago mis impuestos aquí, te enteras listo? Hombre ya está bien. Parece que únicamente sois ciudadanos los que poseeis viviendas.