El Gobierno revisará la ley de alquiler turístico para ver si se han incorporado los cambios que propuso en su día y, en caso de que no haya sido así, decidir si presenta o no un casi seguro recurso de inconstitucionalidad. El Gobierno tiene tres meses para tomar esta decisión, pero se da por hecho que habrá recurso porque el Govern reconoce que la ley no incluye las consideraciones y matices del Gobierno, algunos referentes a la legislación europea.
El Ministerio de Economía envió el pasado mes de mayo un aviso al Govern en el que alertaba de que algunas de las disposiciones que incorporaba la ley de alquiler turístico van contra la Ley General de Unidad de Mercado. El documento señalaba que el texto del Govern incluía determinadas consideraciones «que dificultan considerablemente» la posibilidad de comercialización de determinados modelos de alojamientos que se han implantado en los últimos años. «El efecto de la norma sería la penalización de determinados formatos de alojamiento turístico con los consiguientes efectos en términos de competencia y de oferta turística total», añadía el documento.
Las dudas del Gobierno
Solo uno de los cuatro apartados concretos que cuestionaba el Gobierno ha sufrido una ligera modificación. Economía cuestionó los «criterios restrictivos» para la comercialización de viviendas en varios ámbitos, entre los que cita los contadores individuales de agua y otros suministros. Este es el único aspecto modificado, porque el Gobierno también cuestionaba la necesidad de que haya un acuerdo de la junta de propietarios o la prohibición de comercializar estancias en viviendas con una antigüedad determinada.
es una perfecta barrabasada patológica, los menos que nos desgobiernan no tienen escrúpulos tratanfo de imponerse a la brava con prohibiciones y multas desmedidas de psicopatía y rabia contenida