El sector del alquiler vacacional no cesa en su crítica contra la Ley de Turismo que regula el alquiler turístico aprobada por el Govern, si bien reconoce su escaso margen de maniobra. Desde las patronales Aptur-Balears y Fevitur -de ámbito estatal- explicaron ayer que esperan que el Estado recurra la norma balear ante el Tribunal Constitucional ya que, en su opinión, la ley autonómica interfiere en dos leyes de ámbito nacional y en las que el Govern no tiene competencias.
En caso de que el Gobierno central no actúe, contemplan la posibilidad de presentar la correspondiente demanda ante el Constitucional, si bien «se trata de un proceso largo y costoso» y requiere el apoyo de un número determinado de diputados, reconoció Tolo Gomila, de la junta directiva de Fevitur. Así lo indicó en la presentación de un manifiesto que suscriben una decena de entidades a favor del alquiler turístico y en contra de la Ley del Govern, que cuenta con la adhesión de las principales plataformas de comercialización de esta actividad, como Airbnb y Homeaway. Además de Aptur y Fevitur, también firman el manifiesto Rentalia, Spain-Holiday.com, Adigital, Novasol y las patronales mallorquinas PIMEM y Pimeco.
En el escrito las entidades exponen que más de 20.000 ciudadanos «podrían dejar de percibir unos 100 millones de euros al año, ingresos extra que usan para haccer frente a sus hipotecas y otras deudas o gastos que, en caso contrario, no podrían asumir». Además, los negocios alejados de las principales zonas turísticas «dejarían de ingresar unos 900 millones de euros al año». En este sentido, el presidente de Pimeco, Bernat Coll, dijo que «muchos negocios de la Part Forana que cerraban en verano ahora están vivos».
El presidente de Aptur, Joan Miralles, y Tolo Gomila, de Fevitur, lamentaron que la nueva ley «es una prohibición de facto del alquiler turístico, especialmente en plurifamiliares» ya que ahora su comercialización por días «está muy restringida» y los nuevos requisitos que figuran en la ley una vez que se apruebe la zonificación «son imposibles de cumplir». Miralles concluyó que en el sector hay «indignación y preocupación».