El proyecto de ley de consultas que ha elaborado el Govern contiene aspectos claramente inconstitucionales, según concluye el Consell Consultiu en un demoledor dictamen que destroza jurídicamente las intenciones del Ejecutivo balear. El órgano asesor reconoce que puede regular esta materia, una ley de consultas populares de carácter no refrendario, pero no puede hacerlo en los términos en los que lo ha hecho porque se ha extralimitado.
El dictamen se basa parcialmente en la sentencia del Constitucional que ya desmontó la ley de consultas catalana, pero incorpora además otra jurisprudencia que le lleva a la siguiente conclusión: todas las disposiciones generales de la ley y la forma en que se regulan las diversas formas de democracia participativa son ilegales, aunque sí salva la posibilidad de que el Govern regule los referéndums municipales. «El anteproyecto no se ajusta a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre consultas no refrendarias», concluye tajante.
El Consultiu alerta al Govern de que no puede hacer consultas dirigidas al conjunto de la población, sino que debe hacerles limitadas a los colectivos concretos afectados por las decisiones que se pretenden consultar. Partiendo de este punto de vista, reprueba también la intención del Ejecutivo de elaborar un registro único de participación ciudadana. «No respeta los límites fijados por el Constitucional sobre las consultas no refrendarias», señala, y añade que no se puede hacer un llamamiento a la participación de los ciudadanos en general, porque eso no lo permite el Constitucional.
También abunda en que esas consultas no pueden ser vinculantes, ya que no pueden afectar a un registro general de personas: «No se ajusta a la naturaleza de este tipo de consultas que el resultado sea vinculante (...) más aún cuando se realizan sin las garantías propias de los procesos electorales».