Un cambio en la norma balear que regula el régimen de separación de bienes ha llevado a indemnizaciones de hasta dos millones de euros en divorcios y a un choque entre normas. María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, explica que la modificación que aprobó el Parlament en julio del año pasado en la Compilación introduce dudas porque incluye un matiz distinto al de la Ley de Parejas Estables de Balears. Los abogados especialistas esperan que haya alguna sentencia del TSJB que aclare el problema y de una interpretación coherentes de ambas normas.
El problema surge a partir del reconocimiento del derecho a una compensación por el trabajo de cara a la familia en caso de disolución matrimonial. Se trata de una contrapartida que recibe un cónyuge que se ha dedicado a labores domésticas o al cuidado de familiares durante el matrimonio. El otro cónyuge, que ha podido trabajar fuera de casa y tener una actividad económica, en parte gracias al 'sacrificio' de su pareja, tiene que compensar económicamente al otro. Hasta ahora esa contrapartida no estaba en la Compilación. A partir de una sentencia de 2010 del TSJB se reconocía ese derecho al extrapolar a los matrimonios lo que ya preveía la Ley de Parejas Estables. Sin embargo se introducía un requisito: la existencia de un desequilibrio patrimonial entre los miembros de la pareja.
La ley que entró en vigor en agosto del año pasado generaliza esa compensación, pero en principio solo para matrimonios. «Necesitamos que se actualice la doctrina», señala Lozano. A partir de la primera sentencia del TSJB comenzaron a plantearse pleitos por elevada cuantía por esta compensación que ahora se intensifican: «Tenemos desde 15.000 euros a pleitos de dos millones», indica.
Además de en casos de divorcios y separaciones, la compensación también opera en el resto de causas de disolución, como fallecimientos. En este caso, esa indemnización se detrae de la herencia.
Los abogados de Familia critican la desigualdad en la que se encuentran los distintos ciudadanos de Balears en su trato con la justicia. «Hay una vulneración en función del lugar en el que se resida», explica Lozano: los ciudadanos del partido judicial de Palma pueden acudir a un juzgado especializado en Familia, pero no los del resto de las Islas, cuyos asuntos llegan a un Primera Instancia sin especializar. En esa línea, recuerda que las Islas son la segunda comunidad con más litigiosidad en este campo, sólo por detrás de Canarias. Además, se trata de asuntos de una complejidad mayor a la de otros territorios ante la incidencia de conflictos entre parejas de distinta nacionalidad, residentes de otros países o asuntos de sustracción internacional de menores que recaen en esos juzgados. Así, la presidenta de la asociación apunta a que, sólo en Palma serían necesarios otros cuatro juzgados especializados más, si bien la principal reclamación es una jurisdicción propia de familia.