Los partidos de izquierdas han decidido atrasar un año las prohibiciones más polémicas de la futura ley de residuos, entre las que figuran la imposibilidad de distribuir productos de plástico de un solo uso como cápsulas de café, pajitas, bastoncillos para los oídos, platos, vasos y cubiertos, botellas de plástico y maquinillas de afeitar o de depilar, entre otros productos, como las toallitas de baño no biodegradables.
La prohibición de distribuir estos productos en las Islas debía entrar en vigor en apenas un año, el 1 de enero de 2020, pero los partidos de izquierdas han presentado enmiendas a su propio proyecto de ley para que estas prohibiciones se apliquen un año más tarde, es decir, el 1 de enero de 2021.
El director general de Residus del Govern, Sebastià Sansó, explica que el retraso en la implantación de las medidas más controvertidas responde a la necesidad de dar una mayor seguridad jurídica al texto. Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que asegura que las empresas deben disponer de tiempo suficiente para adaptarse a las exigencias de una ley de estas características.
Dos años
La jurisprudencia establece, como norma, al menos dos años de adaptación, de ahí que el Pacte haya decidido presentar enmiendas para retrasar la fecha de aplicación de estas medidas. Sansó explicó que, de no hacerlo, se corría el riego cierto de que el Gobierno presentara un recurso de inconstitucionalidad al no respetarse la norma previa del Alto Tribunal.
El retraso en la aplicación de la ley es lo más significativo de las 91 enmiendas que ha presentado la izquierda a su propio texto, que suman más que toda la oposición, que han presentado 80. Sin embargo, muchas de las enmiendas se refieren a cuestiones técnicas que no modifican sustancialmente el contenido inicial del proyecto.
En las propuestas de modificación no se han atendido las quejas y reivindicaciones de las grandes compañías de alimentación, como Nestlé, Pepsico o Kellog's, que se oponen a estas prohibiciones y han presentado alegaciones al texto.
También lo han hecho empresas como la fabricante de los bolis Bic o la de impresoras HP ya que la norma prohibe parte de los productos que comercializan.
Otra de las medidas más polémicas de la ley es la que obliga a hoteles y alojamientos de restauración a ofrecer agua de forma gratuita a sus clientes. Los hoteleros piden que se cambie el texto ya que temen consecuencias judiciales si los clientes presentan demandas judiciales por el mal estado del agua del grifo, pero no hay cambios en este sentido.
Limpieza
Otra de las enmiendas de la izquierda, presentada de forma conjunta, incluye la obligación del uso de productos de limpieza naturales o ecológicos con certificación en todas las contratas y compras públicas a partir del 1 de enero de 2019.