El pago de indemnizaciones millonarias derivadas de sentencias judiciales en contra de la protección territorial de ciertas áreas de las Islas han dado al traste con uno de los objetivos más buscados por la consellera d'Hisenda, Catalina Cladera: ver cómo se rebaja la deuda de la Comunitat Autònoma en términos absolutos por primera vez en décadas.
El Govern tenía previsto cerrar el año con una deuda global por debajo de los 8.800 millones con que cerró 2017. Sin embargo, el Parlament aprobará la semana que viene la formalización de un crédito extraordinario de 142 millones de euros para pagar las indemnizaciones provocadas por sentencias adversas en materia de ordenación del territorio. A esta cantidad se suma otra de 45 millones de euros que se pedirán también para paliar los afectos de la riada en la zona de Sant Llorenç.
Más deuda
La conclusión es este año volverá a aumentar la deuda de Balears en términos absolutos y se sobrepasarán los 8.800 millones previstos, según reconocieron fuentes de la Conselleria.
En cualquier caso, la consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, sí precisa que la deuda no baja en términos absolutos, pero sí en términos relativos. El año acabará con una deuda cercana al 29 por ciento del PIB, por debajo del límite del 30,1 por ciento que ha fijado el Gobierno o del 30,4 por ciento al que se llegó en diciembre de 2015.
Según los datos del Banco de España, de la deuda total del Govern, un 75 por ciento es dinero que se debe al Ministerio de Hacienda debido a los diversos mecanismos de financiación suscritos hasta ahora.
Del dinero total que debe el Govern, un total de 6.593 millones es dinero que se debe al Estado; cifra que podría ampliarse con 603 millones el próximo ejercicio. La consellera Cladera reclama pactar una condonación de parte de esta deuda ya que entiende que es atribuible al déficit de financiación de la Comunitat Autònoma.