La intención del pacto de prohibir la entrada de nuevos vehículos diésel en Balears dentro de seis años ha topado con un obstáculo de último minuto. El Parlament tiene previsto aprobar en su sesión de este martes la ley que establece esta prohibición, pero el organismo público que vigila que las normas cumplan la libre competencia alertó este lunes de que la ley va contra el libre mercado.
José María Marín, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), remitió una carta al president del Parlament, Baltasar Picornell, en la que ofrece su «disponibilidad» para que la norma sea «plenamente coherente» con la libertad de mercado, «minimizando el perjuicio sobre la actividad económica».
Asegura Marín que la prohibición puede suponer «potenciales restricciones a la competencia» y tendrá «efectos negativos» en múltiples actividades, como la venta de vehículos, la distribución de carburantes en estaciones de servicio, las actividades de reparación de vehículos, las actividades de alquiler de coches, el transporte de pasajeros o el transporte de mercancías. Alerta, además, de que esta «afectación a la competencia» puede que no se limite solo a Balears.
Añade que el proyecto de ley ni cumple las normas sobre transparencia y buen gobierno del propio Govern porque no concurren «criterios de prudencia y razonabilidad». Señalan que no hay datos que relacionen la eficacia de la prohibición con una efectiva reducción de la contaminación.
Marín apunta a que el texto presenta aspectos «discriminatorios» porque algunos vehículos se salvan de la prohibición general sin que se ofrezca una justificación del impacto real de las exenciones sobre la contaminación. Asegura, por ejemplo, que el proyecto de ley reduce «de manera injustificada» la competencia proveniente de prestadores de servicios radicados en otras comunidades autónomas frente a los ubicados en las Islas.
«No ofrece un análisis de alternativas que pueda justificar la decisión tomada», con medidas «menos gravosas», concluye el texto. La carta propone posibles alternativas, como posibles peajes, limitaciones geográficas por zonas específicas o limitaciones horarias a la circulación.
El PP, que siempre se ha mostrado contrario a las regulaciones de la ley, pidió este lunes mismo que el texto no se lleve al pleno de este martes ante las advertencias expuestas por el organismo. El portavoz de los ‘populares' en el Parlament, Gabriel Company, negó que se trate de una ley pionera y aseguró, por el contrario, que es una ley «suicida» para la economía y el sector de la automoción en Balears. La ley prohíbe, además, los vehículos de gasolina a partir de 2050.