Maniobra del PP en la última jornada del juicio del ‘caso Over'. Después de no haber dicho ni pío durante prácticamente todas las sesiones, los populares reclamaron por sorpresa la recusación de todo el tribunal en su turno de conclusiones. Según su abogada, Carolina Carrasco, la Sala ha perdido la imparcialidad durante las sesiones. La presidenta del tribunal, Mónica de la Serna, pidió a la letrada que aclarara los motivos de esta alegación, que provocaría anular todas las sesiones. La letrada de los populares aludió a que, en la sesión del 26 de febrero, el tribunal habría hecho a cinco testigos de la causa preguntas «de talante incriminatorio». Otra de las magistradas, la ponente Carmen González, reclamó que especificara qué cuestiones fueron en concreto: «Debemos estar impuestos en qué momento».
Carrasco no concretó las cuestiones específicas. La misma magistrada lanzó una pregunta más retórica: «¿En algún momento manifestó usted protesta?». Ese silencio durante todas las sesiones sirvió al tribunal para desestimar la alegación. El fiscal, Juan Carrau, ya había señalado que la recusación debe formularse en cuanto se tiene conocimiento del motivo, según dijo la letrada, eso habría ocurrido en la sesión de hace dos semanas. «No se llega a comprender cómo se ha reservado una cuestión de tal importancia y seriedad hasta este momento», reprochó a la abogada la presidenta del tribunal. De esa forma, se desestimó la maniobra popular que fue tildada por la magistrada de «extemporánea»: «Roza la mala fe procesal». El PP más tarde rechazó la existencia de una deuda de la formación con la empresa Over Marketing por la campaña electoral de 2003. Por ese motivo se le reclama una responsabilidad civil de 9.000 euros en el juicio.
El otro rifirrafe del día enfrentó a la abogada de la Comunitat, María Ángeles Berrocal con el de Matas, Josep Zaforteza. El Govern oficializó su oposición a que la pena de dos años y medio de cárcel para Matas se sustituya por una multa tras la sentencia, como contaba en el acuerdo suscrito entre el expresident y Anticorrupción.
El argumento del Govern se basa tanto en la tibia declaración del expresident como en su especial posición institucional cuando se cometieron los supuestos delitos: «Debe aplicarse la «máxima exigencia por las altas funciones que tenía encomendadas». La respuesta de la defensa de Matas fue dura. Acusó a la Abogacía de haber faltado a la «buena fe por un titular de periódico». «Esta parte ha mantenido lo que dijo en su momento. Está firmado y va a misa», sostuvo.
Por cauces más habituales fueron las acusaciones y las defensas sobre los dos encausados que se juegan una mayor condena, de cinco años de cárcel: el exdelegado del Gobierno, José María Rodríguez y la exsececretaria general de la Conselleria d'Interior, María Luisa de Miguel. El fiscal, Juan Carrau, insistió en que desde ese área se ordenó la contratación de Over para compensar los trabajos por la campaña popular y que uno de esos encargos no se llevó a cabo. La defensa de Rodríguez asegura lo contrario sobre el trabajo y niega la existencia de una orden política.