Los bancos deben a las comunidades de propietarios un total de 8,7 millones de euros por el impago de los gastos de comunidad de todos los inmuebles de su propiedad que están vacíos. Los datos corresponden al 31 de diciembre de 2018 y, a pesar de que son ligeramente inferiores a los de años anteriores, suponen una rémora inasumible para muchas comunidades de vecinos, que no tienen más remedio que acudir a los tribunales para poder cobrar ese dinero.
El presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Pau Bonet, señala que hay miles de comunidades afectadas por esta situación. La solución, en la mayor parte de los casos, es complicada ya que pasa por presentar una demanda judicial para reclamar el pago. Bonet explica que, si el piso está convenientemente registrado, no hay problema y los bancos cumplen con la exigencia de los jueces de abonar lo adeudado.
El problema, sin embargo, se agrava debido a otras circunstancias. Bonet detalla, por ejemplo, que, cuando se detecta la deuda, las comunidades de vecinos tienen muchas dificultades para ponerse en contacto con la persona del banco encargada específicamente del piso ‘moros'. «Una vez que se ha conseguido contactar con el responsable, la solución suele ser rápida, pero en muchas ocasiones es complicado dar con los responsables», indica Bonet.
El presidente del Colegio de Administradores de fincas explica que también es habitual otro problema más grave. Hay muchas ocasiones en las que el banco no tiene oficialmente registrado a su nombre el piso. En ese caso, las comunidades afectadas no pueden acudir a los tribunales, pero se da un problema añadido: cuando un ciudadano compra esa vivienda y se registra a su nombre, hereda la deuda que deja el banco.
«Es habitual que los bancos no inscriban sus pisos en el registro y, por lo tanto, no quedan registrados hasta que no los compra una persona física», señala Bonet. El presidente de los agentes de la propiedad advierte que si el comprador de la vivienda no pide un certificado de deuda y queda claro que la deuda es del banco, se puede ver obligado a pagar todo lo que se debe de los últimos tres años, que es el periodo que no prescribe.
«Lo lógico sería que los bancos se dirijan a las comunidades de propietarios, se identifiquen como dueños de las viviendas y registren de forma automática una forma de pago», señala.
A pesar de esta situación, el presidente de los administradores de fincas está convencido de que la nueva Ley de Vivienda, aprobada en esta legislatura, tendrá efectos positivos para combatir este problema ya que establece sanciones para los grandes tenedores que no abonen los gastos de comunidad.