La entrada en vigor este lunes de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario abarata a partir de ahora en más de 1.000 euros la concesión de una hipoteca al tener que asumir las entidades financieras los gastos de gestoría, notaría y registro de la vivienda. Asimismo, los bancos se hacen cargo desde hace meses del impuesto de actos jurídicos documentados, que hasta hace poco pagaba el cliente.
La Asociación de Consumidores y Usuarios de Balears (Consubal), que preside Alfonso Rodríguez, valora de forma positiva el cambio legislativo «porque defiende los intereses de los consumidores y usuarios de la banca y esperamos que las entidades financieras acaten la nueva normativa con todas su consecuencias».
Rodríguez pide, en consecuencia, «un mayor control por parte del Banco de España y organismos competentes y acabar, de esto modo, con mucha prácticas abusivas».
Sin presiones
Las presiones que recibían hasta la fecha los consumidores a la hora de formalizar un crédito hipotecario, según Consubal, «quedan eliminadas de raíz».
La ley regula todo el proceso de contratación y se establecen nuevos procedimientos que afectan tanto a los bancos como a los usuarios, «que tendrán que hacer un esfuerzo para demostrar a la entidad que saben lo que hace na la hora de firmar un préstamo», indica el presidente de los consumidores de Balears.
La nueva ley, según puntualizan desde Bankia, es muy positiva para todos los actores del mercado hipotecario «ya que se fortalece la seguridad jurídica y ello beneficia a los bancos, que tenemos unas reglas del juego claras, y a los clientes, que contarán con mayores cotas de protección. Todo esto, al mismo tiempo, reducirá la ligitiosidad en el sistema judicial por incrementarse los controles».
El Consejo General del Notariado, sobre este cambio, reconoce que hay dificultades técnicas «pero se resolverán a muy corto plazo porque así lo fija la nueva ley».
Los bancos van a cambiar toda su estrategia crediticia hipotecaria. Desde Bankia añaden que «no aplicaremos comisiones en nuestras hipotecas: ni por constitución ni por amortización, ya sea total o parcial. Tampoco exigimos la contratación de productos adicionales para beneficiarse de estas condiciones hipotecarias».
Para dar una idea del impacto de la normativa, en 2018 se formalizaron en Balears 10.221 hipotecas sobre viviendas con un importe medio de 174.300 euros, que representó una subida del 10,7 % respecto a 2017, según el Instituto Nacional de Estadística. El precio medio de una hipoteca a nivel estatal fue de 123.700 euros. La diferencia está motivada por la revalorización de la vivienda en las Islas.