Mari Nieves lleva mes y medio durmiendo a la intemperie, entre Maó y Es Castell, los últimos días bajo la entrada de una comunidad de vecinos en la calle Fort de L’Eau a pesar de las duras inclemencias del tiempo con noches de lluvia y frío. «¿Qué puedo hacer?», se pregunta, mientras aguarda que bien el Ayuntamiento de Es Castell o el Ibavi, que la tiene registrada como peticionaria en su próxima promoción de viviendas, le proporcionen un recurso habitacional para abandonar la calle cuanto antes.
De 52 años y con una discapacidad reconocida su existencia vital se ha desmoronado desde el último trimestre del año anterior cuando fue desahuciada de la vivienda en la que residía como alquilada en Son Vilar, junto a su hija. Desencuentros con el casero la llevaron a tener que salir del inmueble y reconocer una deuda con él que no puede afrontar porque, explica, cobra una pensión y una ayuda por dependencia de 780 euros, «y tengo que comer cada día», afirma.
Residió entonces provisionalmente en casa de una hermana, más adelante la familia la ayudó alojándola en un hostal durante unos días, «pero soy un problema para ellos y no quiero creárselo porque cada uno de mis hermanos ya tiene los suyos, igual que mis dos hijos, uno de los cuales tiene una discapacidad», relata a este diario. Considera que es la Administración, en este caso, el Ayuntamiento de Es Castell, quien debe prestarle ayuda «y no lo hace pese a mi situación desesperada».
Pasa el día deambulando. Oculta dos mantas en la Estación de Autobuses de Maó que recoge a última hora de la tarde para caminar hasta el lugar donde pasará la noche. «Suelo pedir ayuda a la gente, porque no me da para todo con los ingresos que tengo».
Sus limitaciones físicas, de momento, le impiden volver a trabajar aunque pretende hacerlo. Explica que debido a una insuficiencia ha estado enferma durante seis meses lo que le ha impedido cumplir con las citas programadas en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Es Castell que están al corriente de su caso desde hace años, aunque ella no ha presentado la documentación que le han requerido para acceder a las ayudas en los últimos meses. Lamenta que no se interesaran por los motivos de su no comparecencia a la cita. Esos mismos condicionantes se ven más agravados aún porque no hay ninguna plaza disponible en los tres pisos de emergencia que gestiona el consistorio villacarlino.
Intentó buscar acomodo en la casa de acogida del Ayuntamiento de Maó, pero al estar empadronada en Es Castell, no puede optar a ella. Como quiera que está en la lista para poder obtener un piso del Ibavi en su municipio, tampoco puede darse de baja en este para registrarse en Maó porque quedaría fuera de espera de la vivienda pública.
Los tres pisos de emergencia de Es Castell tienen una estancia máxima de seis meses para sus inquilinos, pero la mayoría, dada la rotunda crisis habitacional, tampoco halla solución durante este plazo. Los servicios sociales se ven en la disyuntiva de tener que forzar la salida de estas personas, que vendría a ser como un desahucio ejecutado por la misma administración, o permitir que sigan un tiempo más por razones humanitarias.
«El problema es grande», afirma Manuel Carrasco, regidor responsable de Es Castell, quien revela la existencia de otros casos similares el de Mari Nieves.
Desde el consistorio concedieron a esta mujer una ayuda puntual de 540 euros el mes pasado pero ella asegura que se la retiró el banco por débitos anteriores. Carrasco también ha gestionado la puesta a disposición de servicios y duchas para ella, con tres comidas y desayunos a la semana, en una iglesia Evangélica, pero Mari Nieves se niega a hacer uso de esta ayuda sin querer argumentar los motivos.
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