Repite como responsable de dos de las áreas que más preocupan a los ciudadanos, la vivienda y la movilidad, y dice que al final de esta legislatura se verán resultados en estas dos materias.
¿Quién es el responsable de este disparate en los precios de la vivienda en estos años en los que usted ha sido el conseller?
—Hay diversos factores que han contribuido. Está la salida de la crisis, la aparición de plataformas que permiten el uso económico de la vivienda, el mayor interés de ciudadanos europeos por comprar en las islas y unas deficiencias evidentes en la continuidad de la puesta en marcha de vivienda pública. A ello se añade una falta de suelo público para hacer vivienda.
Habla del alquiler turístico, pero se ha aprobado una ley que lo limita y el precio no ha bajado.
—En este último año, al menos se ha estabilizado la tendencia de incremento de precios. Hay que tener en cuenta que las políticas de vivienda piden tiempo.
Vivienda pública: en estos cuatro años no se ha hecho ni una.
—Estamos con más de 500 viviendas en fase de tramitación. Empezamos la legislatura sin un solo proyecto y romper las inercias de la legislatura anterior no se hace de un día para otro. El PP vendió patrimonio y no tomó medidas. Nosotros tenemos más de 1.000 pisos de los grandes tenedores. En esta legislatura habrá un incremento de vivienda.
¿Falta suelo?
—Falta suelo público para hacer vivienda pública.
¿Y se puede recurrir a suelo rústico para construir VPO?
—No es un planteamiento que tengamos ahora sobre la mesa.
Ahora no, ¿y en el futuro?
—Creo que hay que analizar todas las opciones posibles y en un plazo de seis meses plantearemos un paquete de medidas trabajadas, debatidas y estudiadas. Se analizarán todas las opciones posibles y, a partir de ahí, habrá descartes. Pero insisto, a día de hoy no está sobre la mesa.
¿Hay que poner un límite al precio del alquiler?
—Si el Gobierno nos da la cobertura legal, hay que hacerlo. La mayoría de ciudades europeas con problemas similares a los de aquí y que tiene cobertura estatal lo han hecho. En Baleares estamos obligados a analizar límites al precio del alquiler, sobre todo por las tensiones a los residentes. ¿Podemos hacerlo solos? No. Necesitamos cobertura estatal y aquí hay una primera decisión que debe tomar el Gobierno.
¿Cómo se limita la llegada de cruceros?
—Se puede hacer de maneras diferentes, por número, por pasajeros, por tamaño...
¿Pero cómo?
—Veremos si es posible desviar cruceros de Palma a otros puertos, porque es en Palma donde está el problema, y para ello habrá que hablar con quienes diseñan las rutas. Queremos llegar a acuerdos dentro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria.
Ahora mismo, la Autoridad Portuaria, con el apoyo del Govern, tiene una rebaja de tasas para que lleguen más cruceros en temporada baja.
—Esta será una de las cuestiones que habrá que cambiar.
En los Acords de Bellver hay mucho ferrocarril para poco dinero.
—Tenemos un plan director ambicioso que establece que las líneas ferroviarias tienen que abrirse al mar. Tenemos fondos europeos y un convenio ferroviario aprobado con el Gobierno, además de recursos propios.
Pedir a Madrid, pedir a Bruselas...
—Es que aquí tenemos que entrar a jugar todos. El 50 por ciento de la electrificación llegó de los fondos FEDER y aquí tenemos un recorrido ya garantizado, como con el Gobierno. A la espera de que haya un nuevo ministro, estoy convencido de que habrá convenio ferroviario. Habrá un avance importante en la construcción de nuevos kilómetros de vía.
¿Por dónde empezarán?
—La prioridad es llegar al aeropuerto de Palma y la opción que más forma está cogiendo es la del tranvía. Será una de las prioridades de esta legislatura.
La prioridad de un tranvía tendría que ser Mahon Ciutadella excelentísimo honorable conseller.