El Consell de Govern ha nombrado este viernes al ex presidente del Govern, Francesc Antich, comisionado autonómico de Baleares en Madrid durante los cuatro años de legislatura mediante un decreto que regula la figura y el alcance de este cargo.
Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Pilar Costa, este órgano representará institucionalmente al Govern en Madrid y servirá como «apoyo y colaboración» en el desarrollo del proceso normativo en relación a las iniciativas del Gobierno que afecten a las competencias o intereses de las Islas.
Asimismo, el comisionado también se encargará de velar por el cumplimiento del Estatut d'Autonomia y de recoger la información que solicite la presidenta del Govern, Francina Armengol, y los consellers respecto a las actuaciones del Estado que supongan intereses económicos, sociales, sectoriales y profesionales de Baleares.
Experiencia
Costa ha explicado que la figura «no se crea de nuevo», ya que el planteamiento ya existía, si bien en la última legislatura no llegó a cubrirse porque «no había perfiles dispuestos a trasladarse a Madrid y la vacante no llegó a buen puerto».
Sin embargo, para estos nuevos cuatro años «se ha visto una buena oportunidad» para «relanzar la idea de defender los intereses de las Islas, gobierne quien gobierne».
La consellera de Presidència ha realzado la «larga y amplia experiencia» de Antich, por lo que desde el Govern han considerado «oportuno» aprovecharla «en favor de las políticas de las Islas y de las relaciones con las entidades estatales».
Cabe recordar que Francesc Antich fue presidente del Govern en dos legislaturas y, asimismo, parlamentario en el Congreso de los Diputados y senador de las Cortes Generales.
Preguntado por el coste de este cargo, Costa ha informado de que su sueldo será de 58.000 euros anuales, igual que las secretarías autonómicas, y que se ocupará un piso -propiedad del Govern- en Madrid que, hasta el momento, estaba cerrado.
Con todo, ha concluido que la figura del comisionado está prevista en la Ley 1/2019 y el nombramiento se ha hecho efectivo para «dar respuesta a la necesidad de mantener una actividad constante de seguimiento y evaluación de las relaciones del Govern con las instituciones de ámbito estatal».