Los propietarios de vivienda vacías que decidan alquilarlas a un precio barato y razonable tendrán desgravaciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF, según recoge el acuerdo programático firmado por PSIB, Podemos y Més. El Govern se dirigirá a los pequeños tenedores que fijen precios accesibles y «socialmente responsables» y a quienes fomenten los alquileres de larga duración para que conozcan las ventajas fiscales de estas medidas.
Es una de las propuestas que se incluirán en un paquete más amplio en el que ya ha comenzado a trabajar el conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons. Se trata de un plan de choque para favorecer el acceso a la vivienda y que se presentará en seis meses. Este plan se desarrollará durante toda la legislatura.
Para saber qué se considera un precio «accesible y socialmente responsable», el Govern pondrá en marcha de forma previa el Observatori de Preus de l'Habitatge, organismo encargado de analizar el mercado inmobiliario y proponer mecanismos para controlar precios a través de la creación de un índice público de precios de vivienda.
El índice no será unitario para todas las Islas, sino que se establecerá por zonas diferenciadas. Por ejemplo, no es igual la situación de Palma o de Eivissa que la de otros puntos de Balears. En el Archipiélago, el coste medio del alquiler era de 9,85 euros el metro cuadrado al mes a principios de año, pero en el caso de Palma el precio ascendía a 11 euros por metro cuadrado y mes.
La subida media del precio del alquiler en los últimos cinco años ha sido de un 43 por ciento, lo que ha llevado al Govern a analizar la posibilidad de establecer un techo límite al precio del alquiler.
El conseller ha reconocido que el Govern no tiene ahora mismo competencias para regular estos límites por lo que quieren negociar con el Gobierno central la posibilidad de que haya una modificación legal que faculte al Govern a tomar estas medidas.
A la espera de conocer los detalles de este plan, el conseller Marc Pons sí aseguró que en los próximos meses se incorporarán al parque público de viviendas los más de 1.000 inmuebles propiedad de bancos y de fondos de inversión que están en el registro de viviendas vacías.
Marc Pons explicó que parte de estos inmuebles ya están en condiciones de alquilarse, por lo que se incorporarán al parque del Ibavi con el fin de sacarlos al mercado del alquiler.
En estos momentos, el Govern está revisando todos los inmuebles para determinar qué porcentaje puede destinarse de forma directa al alquiler sin necesidad de hacer reformas.
El Ejecutivo balear ha aumentado el servicio de inspectores para que sigan investigando posibles fraudes de los grandes tenedores de vivienda, especialmente fondos buitre, que no registran sus pisos vacíos, a pesar de que es una de las obligaciones recogidas en la ley.