El rechazo del Congreso a la investidura de Pedro Sánchez tendrá consecuencias para Balears y la más directa es el nuevo retraso en la aprobación de la parte fiscal del Régimen Especial de Balears, que difícilmente estará en vigor el 1 de enero del año que viene, como era el propósito del Govern. La entrada en vigor será prácticamente imposible incluso en el caso de que en septiembre se celebre una nueva investidura y Sánchez se convierta en presidente.
El Congreso de los Diputados aprobó en el último pleno de la legislatura un decreto ley que supuso la aprobación directa de algunas medidas incluidas en el documento inicial presentado por el Govern. Se dejó para una segunda fase la aprobación de un proyecto de ley con medidas fiscales, que son las que ahora sufrirán un nuevo retraso.
270 millones
El Govern calcula que estas medidas fiscales suponen unas reducción fiscal de unos 270 millones de euros al año para las empresas de las Islas. Se trata de incentivos fiscales para los empresarios que destinen parte de sus beneficios a una reserva de inversiones. Son compensaciones en el impuesto de sociedades y en el IRPF que suma unos 269 millones de euros entre ambos tributos.
La parte fiscal del REB incluía también un régimen propio para empresas industriales, agrarias, ganaderas y pesqueras. Las estimaciones del Govern apuntaban a un ahorro anual de unos 700.000 euros. Tanto este régimen especial como las rebajas fiscales para la reserva de inversiones podrían beneficiar a unas 47.000 empresas y a unos 71.0000 autónomos.
Pero no es la única consecuencia para Balears del rechazo a Sánchez en la investidura. Si no hay Gobierno no habrá nuevos Presupuestos del Estado, así que Balears recibirá este año 177 millones menos de financiación de los que ha incluido en sus cuentas para este ejercicio. Por tanto, que no haya Presupuestos ya coloca a las Islas, de entrada, con un déficit de 177 millones, a los que se sumarán otros 120 del convenio de carreteras, que tampoco llegarán.
El retraso en la formación del Gobierno o la posible convocatoria electoral en noviembre también supondrán un retraso en la negociación de un nuevo sistema de financiación, que es una reclamación histórica del Govern de Francina Armengol.
El Ejecutivo balear confiaba en que este año pudieran cerrarse las negociaciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, pero ese calendario vuelve a ser de imposible ejecución incluso en l a hipótesis de que Pedro Sánchez logre la investidura en el próximo mes de septiembre y se eviten las elecciones.