Primera pista ante los ajustes que el Ministerio de Hacienda ha pedido a las comunidades autónomas, incluida la de Baleares: habrá que «reprogramar» algunas inversiones. Lo dijo este martes la presidenta de las Islas, Francina Armengol, durante su comparecencia ante el Parlament.
«Habrá que reprogramar inversiones, ganar en eficiencia y ahorrar en partidas no prioritarias», dijo. Antes, y respondiendo a preguntas diversas de la oposición, la consellera de Hisenda, Rosario Sánchez, apuntó que «nada esencial se verá afectado» con el plan económico-financiero que tiene que aprobar el Consell de Govern y que condicionará, de alguna manera, los Presupuestos del próximo año.
«Aprobaremos un techo de gasto desde la prudencia» , dijo para añadir que también «la prudencia y la estabilidad» definirían las cuentas de 2020 que, inevitablemente, no recogerán las previsiones del Gobierno estatal, que no puede aprobar los Presupuestos.
Todo eso sucedía en el Parlament mientras que Govern y disputados y diputadas de todos los partidos atendían a las informaciones sobre la ronda de consultas del Rey y si se convocarían o no elecciones.
La presidenta balear decidió reconvertir la petición inicial de comparencia del PP para explicar sus gestiones para reclamar los 177 millones que adeuda Madrid en una comparecencia más amplia sobre la situación de Baleares, su relación con el Gobierno estatal y la necesidad de reformar el sistema de financiación.
La presidenta no se mostró nada condescendiente con el Gobierno estatal –aunque Gabriel Company (PP) la llamó «delegada del sanchismo en Baleares»– e incluso abogó por «repensar algunas cosas que no funcionan en nuestra relación con el Estado».
Aludía a un hecho que considera «estructural» y que ha situado en desventaja a las comunidades autónomas y, especialmente, a la de Baleares.
La presidenta balear afirmó que «somos la segunda comunidad que más aporta» (no citó a la primera, que es la comunidad autónoma de Madrid) y que «es la que tiene más dificultades para disponer de presupuestos para desafíos tan importantes como la mejorar de la movilidad, el acceso a la vivienda y otros servicios básicos».
Armengol dejó caer durante su comparecencia varias quejas sobre la «rigidez» del actual sistema de financiación y contra la tutela de Hacienda sobre las comunidades autónomas a la hora de cumplir con la regla de gasto.
«Es una injusticia acumulada durante décadas. Por lo que se refiere a Baleares, es de tal magnitud que hoy sabemos que de los cerca de 9.000 millones de deuda pública, 5.000 responden a una infrafinanciación histórica que nos ha obligado a cubrir servicios clave sin recibir el dinero necesario para poderlo hacer», dijo.
La presidenta echó mano de algo que se repite desde la época de Gabriel Cañellas (en ese punto, Jaume Font, del PI, aludió al «día de la marmota»); es decir el aumento de la población, tanto la flotante (Armengol aludió al turismo) como la fija.
«Reclamanos un modelo que compense el fuerte crecimiento poblacional que nos obliga a ofrecer más servicios públicos», dijo para explicar que «en la última década, desde que se aprobó el sistema de financiación hasta hoy, nuestra problación ha aumentado un 11 % mientras que la del conjunto del Estado lo ha hecho en un 1,5%».
«Es hora de formular un nuevo contrato social para esta tierra que consagre los derechos de la ciudadanía», dijo reclamando el acuerdo de todas las formaciones políticas.