La Fiscalía de Baleares ya tiene en sus manos la primera denuncia que le envía la Oficina Anticorrupció de Baleares. La denuncia se presentó de manera digital, pero desde el ministerio público se les pidió que además se enviara una copia por escrito para que quedara constancia en el registro. Es lo que el director de la entidad vinculada al Parlament, Jaume Far, hará a partir de la próxima semana. En la Fiscalía ya están al tanto de la iniciativa de Far y será el fiscal superior, Bartomeu Barceló, quien decida si el caso pasa a Anticorrupción o va a otro fiscal.
Apenas se conocen detalles del caso sobre el que existen sospechas de delito. Se trata de un asunto que se remonta a dos años atrás, en plena legislatura del Pacte, y sobre el que afectado ya está informado. Coincide en el tiempo con la toma de posesión de Far como responsable de esta institución, por lo que los hechos son casi simultáneos a la creación de la Oficina Anticorrupció.
El reglamento del departamento establece la obligación de informar al investigado y a su superior en el cargo para que presenten alegaciones si así lo consideran. El denunciado sí ha presentado alegaciones, pero no su superior jerárquico.
Hace un año
La denuncia ante la Oficina Anticorrupció se presentó hace un año y el director ha tenido que esperar a tener un equipo interno armado para poder investigarla. El frente de la investigación de los casos está Belén Menéndez y la inspectora jefe del equipo de investigación es Carmen Castañer, que son quienes han estado encima de esta denuncia.
Desde que se puso en marcha la entidad, su responsable ha investigado doce denuncias por posibles malas prácticas. De estas doce, dos presentaban elementos suficientes para seguir siendo investigadas pero, pero ahora, solo una ha acabado en la Fiscalía.
Jaume Far no ha querido dar más detalles del caso porque está obligado a guardar la «confidencialidad» de los asuntos que investiga, pero sí ha confirmado la presentación de la denuncia.
De las denuncias presentadas hasta el momento, seis las han presentado particulares y cuatro de ellas incorporan un escrito explicativo de los hechos y documentación acreditativa; otras tres las han presentado funcionarios y una procede de un partido. No se sabe tampoco a qué materia afecta, pero en una documentación remitida por Far a los diputados se les informaba de las que denuncias tenían que ver con irregularidades en materia de función pública (cinco denuncias), alertas de urbanismo (cuatro) y dos más relativas a conflictos de intereses de altos cargos. Además, hay una que plantea ilegalidades en materia de contratación pública.