Más de 10.000 británicos residentes en las Islas están obligados a regularizar su situación para evitar verse afectados por los efectos del ‘Brexit', para lo cual deben disponer de la tarjeta verde de residente comunitaria en un mes. El Ministerio de Interior, ante la previsible avalancha que se va a producir, «ha reforzado con tres funcionarios más el servicio de extranjería para realizar los trámites», según indican desde la Delegación de Gobierno.
La población residente estimada por el Consulado General del Reino Unido en Balears es de unos 25.000, de los cuales, según fuentes oficiales, unos 15.000 sí están registrados oficialmente.
«A partir de la próxima semana se refuerza el servicio de extranjeria con tres nuevos funcionarios, los cuales se dedicarán de forma exclusiva a atender a los ciudadanos británicos que quieran disponer de la tarjeta verde de residente comunitaria», apuntan desde Delegación de Gobierno. Con la tarjeta dispondrán del certificado legal para tener garantizada la asistencia sanitaria y aquellos trámites que ahora realizan por ser el Reino Unido miembro de la Unión Europea.
La fecha de salida marcada por el primer ministro británico, Boris Jonhson, es el próximo 31 de enero. Hay en consecuencia 30 días operativos desde el próximo día 16 hasta el 31 de enero, ya que no se contabilizan los festivos y puentes en España y en el Reino Unido por motivo de las Navidades y Reyes.
Tarjeta verde comunitaria
El disponer de la tarjeta verde comunitaria supondrá a los residentes británicos una garantía del reconocimiento de sus derechos como residente en España, en este caso en Balears. Este certificado les permitirá acreditar su condición de beneficiario del Acuerdo de Retirada que les propiciará acceder a los servicios que ahora disponen, entre ellos el ser atendidos en la Seguridad Social, cobrar el paro o disponer de un carnet de conducir legalizado.
Para poder acceder a este certificado, los residentes británicos tienen que estar al corriente de las cargas impositivas locales, autonómicas y de ámbito estatal.
«Los que tengan los papeles en regla no tendrán problemas administrativos, circunstancia que no sucederá con aquellos que no regularicen su situación», indican desde la Delegación de Gobierno.
La medida también afecta en materia laboral a los británicos que trabajan en empresas de las Islas o mantienen una actividad profesional radicada en Mallorca o resto de islas. La situación es complicada, pero las mismas fuentes indican que si los ciudadanos británicos cumplen los requisitos «la situación no será tan drástica para ellos».